Las dificultades que el Gobierno de Pedro Sánchez está teniendo para sacar adelante normas económicas de primer nivel hacen temer lo peor. El Ministerio de Economía se dio prisa en presentar a consulta pública un borrador para el `sandbox¿ regulatorio de la industria fintech. El proceso está abierto hasta el próximo 7 de septiembre, pero a partir de esa fecha no hay nada garantizado.

Desde el departamento de Economía, que este mismo viernes ha modificado su organigrama interno, se confirma que la intención es que el proceso abierto siga los pasos habituales. Una vez que termine el plazo de consultas, llegará la redacción final y su presentación al Consejo de Ministros, desde donde empezará un trámite parlamentario que a priori no debería encontrar gran oposición.

La clave está en el tiempo que llevará la redacción final de la `norma blanda¿ y cuánto más pasará hasta que la ministra Nadia Calviño y su equipo dejen resueltos otros asuntos de más urgencia, según fuentes de la industria. Este panorama amenaza con consumir el calendario de este año sin que el `sandbox¿ se haya implantado, lo que daría ventaja a otros países europeos que venían trabajando en iniciativas similares e impulsaría la implantación de proyectos españoles en otros mercados con estructuras legales más definidas.

En este sentido, los actores implicados en el proyecto también reclaman su llamada a consultas particulares una vez que se haya cerrado el proceso público. Así, desde la Asociación de Crowdlending en España (Acle) ya se advertía de que, a pesar de ¿felicitarse¿ por la agilidad del Gobierno en recuperar el proyecto, esperaban poder ¿discutir detalles¿ como el régimen de plazos y frecuencia de las convocatorias para presentar proyectos. Dos puntos que ya se habían intentado pulir en el anterior proyecto comandado por el exministro popular Román Escolano, cuya consulta pública habría terminado el pasado 7 de junio.

Desde la Asociación Española de Fintech e Insurtech (Aefi) se recalca la urgencia de que exista ya un marco estable regulado afectado que ¿haría de España un estado garante de seguridad jurídica para todos los interesados en el desarrollo de modelos de negocio de fusión entre lo financiero o asegurador y lo tecnológico¿. Por si fuera poca llamada a la urgencia, la patronal apostilla: ¿Cuanto más se compaginen la seguridad jurídica y las posibilidades de innovación, evitando la sobrerregulación, más demanda habrá y, cuanta mayor demanda, mayor inversión se generará¿.

Esta es la experiencia de Eugenio Moliner, CIO de Pylon Networks, un proyecto colaborativo basado en blockchain de comercio de energía verde. Después de haber cerrado una colocación inicial de monedas (ICO) mediante la que ha logrado levantar 240.000 euros, explica que ¿para nada es una tarea fácil¿ sacar adelante un proyecto así ¿en ningún país¿. Y, menos, en España, donde ¿hay más dudas en cuanto al entendimiento de la regulación que en ocasiones dificulta el proceso¿ y que obliga a contrastar una y otra vez todos los procedimientos legales con las instituciones encargadas de uno u otro aspecto.

Mientras el tiempo corre en contra de los posibles beneficios del `sandbox¿ español para la retención de talento, Moliner explica que ¿otros países como Suiza, Estonia, Singapur o Hong Kong tienen una regulación que favorece mucho más¿ este tipo de proyectos. En su opinión, la `norma blanda¿ ¿sería una forma de marcar unas directrices conjuntas que favorecerían el correcto entendimiento de la regulación¿ y multiplicaría la aparición de estos proyectos.

Para Francisco Rodríguez Fernández, economista sénior de la dirección de Estudios Financieros de Funcas, ¿entre el proyecto inicial y el que finalmente pueda probarse parece que solo habrá mejoras para el gusto de todas las partes¿. Considera que además Calviño llega con muchos deberes hechos gracias a los responsables del anterior proyecto, ¿que la industria acogió bien y al que ya se proporcionaron ideas tanto por parte de las empresas y asociaciones de fintech como de los bancos¿.

Mientras la incógnita clave del tiempo se resuelve, otros países podrían pisar el acelerador y tomar la delantera a España, que solo por el inesperado cambio de Gobierno acumula un trimestre de restraso sobre el proyecto inicial. Desde el sector, más allá de los países que ya llevan con mucho la delantera, se apunta a Malta, que tiene abierto un procedimiento para establecer un marco legal blando sobre el uso del blockchain y las criptomonedas en un momento en el que las ICO, como parte fundamental de la industria fintech, están en plena eclosión.