Cuando el economista estadounidense James Tobin propuso gravar las transacciones financieras, de ahí su nombre, sabía que estaba proponiendo algo revolucionario. Quizá no imaginaba que casi medio siglo después la revolución iba a seguir en marcha entre partidarios y detractores de este impuesto de nombre amable.

Después de siete años de una iniciativa fallida en la que, inicialmente, el Gobierno de Mariano Rajoy se volcó de lleno, podría ser su inesperado sucesor en el Palacio la Moncloa quien terminase por instaurarla en España. Eso sí, siempre que su aprobación sea la piedra angular que ayude a cuadrar los apoyos de unos Presupuestos Generales del Estado para 2019 que se están cocinando con tardanza y que dejan en barbecho otras iniciativas. Tal es el caso del muy predicado, y de momento arrinconado, impuesto a la banca, según han venido publicando diversas agencias de información política.

MÁS FÁCIL DE DECIR... QUE DE HACER

La incorporación de la `tasa Tobin¿ al sistema fiscal de la Unión Europea comenzó a debatirse con seriedad en el año 2011. Sin embargo, la falta de acuerdo sobre qué tipos fijar, a qué operaciones podrían aplicarse y a qué se podría destinar el importe recaudado, junto con las dificultades para encajar el nuevo impuesto en los ordenamientos jurídicos de cada país, dejaron el proyecto en manos de solo 11 países. Un año después de haber comenzado el debate, el resto de socios decidieron ya entonces que se desmarcaban de la iniciativa.

Los anuncios de acuerdos de mínimos se sucedieron desde entonces hasta el año 2014. Incluso España llegó a contemplar ingresos por 640 millones de euros en sus Presupuestos Generales para 2015 por este concepto. Sin embargo, nunca llegó a producirse un pacto completo sobre el que técnicamente se llama impuesto a las transacciones financieras, de donde toma las también conocidas siglas ITF.

Ante la falta de sintonía entre los países que iniciaron un proceso de cooperación reforzada para sacar adelante el gravamen, Francia e Italia decidieron tomar la iniciativa. Reino Unido, por su parte, estableció ciertos gravámenes, pero lejos del espíritu que había motivado al economista estadounidense en su propuesta.

El objetivo de Tobin, galardonado con el Premio Nobel de Economía una década después de su ocurrencia, era reducir la especulación y la volatilidad de los mercados mediante la introducción de un gravamen pequeño, del entorno del 0,5% para las operaciones financieras de cualquier índole. El problema es que, cuando en Europa se quiso debatir su implantación, los mercados ya eran globales, estaban dominados por las máquinas de negociación de alta frecuencia (HTF, por sus siglas inglesas) y los movimientos antisistema estaban en plena ebullición con los últimos coletazos de la crisis financiera que golpeaba el Viejo Continente desde el año 2008.

Esta fue la causa de que surgiera un discurso paralelo en el que a la `tasa Tobin¿ se le añadía un componente social. Nació la que algunos llamaron `tasa Robin (Hood)¿. El dinero recaudado por este impuesto no debería ir sin más a las arcas del Estado, sino que tendría destinarse a medidas de inclusión y desarrollo, lucha contra el cambio climático, conciliación laboral o financiación de servicios básicos.

LAS PENSIONES COMO PRETEXTO

Esta última posibilidad es la que parece ahora más del gusto de los partidos españoles que han recuperado la idea a cambio de no defenestrar a Pedro Sánchez. Más concretamente, se apunta a su posible uso para nutrir la hucha de las pensiones de la Seguridad Social, cada vez más vacía y con más problemas para aguantar ante el paulatino envejecimiento poblacional y la reciente caída de salarios y cotizaciones.

Al comienzo de la década del 2010, en unos mercados globalizados -y que contaban con la fallida experiencia de Suecia en los 80, cuando en las bolsas todavía se compraban y vendían papelitos a viva voz-, alcanzar el gravamen propuesto por James Tobin se antojaba muy arriesgado. Los flujos de inversión podrían irse a los mercados vecinos y terminar provocando un roto mayor a las arcas públicas, ya que las transacciones financieras también tributan por otros conceptos. En el caso de que los inversores se fueran a mercados sin esta tasa desde los que incluso acceder a los activos de los países que impusieran la tasa, el riesgo era mucho mayor.

Con estas premisas, Francia lanzó en 2012 su propia versión de la `tasa Tobin¿. En vez de gravar cada transacción, se pagaría solo un 0,2% en función de las compras netas al final de cada sesión. La renta fija y los derivados financieros se quedaron fuera del proyecto con el objetivo de no restar liquidez y profundidad a los mercados. Al final, los productos que se vienen gravando son aquellos con los que más habitualmente negocian los pequeños inversores y los reservados para institucionales y grandes fondos se escapan del gravamen.

En Italia, que según consultoras tiene el dudoso honor de contar con uno de los sistemas fiscales más complejos de Europa, se estableció también otra variante de la `tasa Tobin¿. En este caso, un 0,1% sobre las operaciones netas al final del día, pero también sobre derivados de inversión. No obstante, el gravamen que se aplica a estos últimos varía en función de múltiples parámetros que han desplazado volúmenes desde el mercado de contado a estos productos, según datos comparativos de la Bolsa de Milán.

Las experiencias de estos dos países en la puesta en marcha de sus respectivas tasas obligan a ser muy cautelosos con las previsiones de recaudación que puedan hacer las distintas instituciones y organismos en caso de que se consume su implantación en España. En ambos casos, sus arcas cosecharon en torno a un tercio de lo estimado inicialmente: 690 millones de euros en Francia y 272 millones en Italia.

En los seis años que cuentan desde que los dos países se lanzaron a la iniciativa dejando de lado a sus nueve socios más reticentes, se ha producido una mayor fragmentación de los mercados a consecuencia de la proliferación de plataformas de negociación alternativa. Un escenario que, según expertos en fiscalidad de la inversión, podría haber rebajado la ratio comparativa de ingresos para el `fisco¿ sensiblemente por debajo de aquellas cifras.