El Ejecutivo cerró anoche un pacto presupuestario con el partido presidido por Pablo Iglesias, en el que se incluye la creación de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, consistente en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.
Solamente se someterán a tributación al 0,2% las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros, mientras que no se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.
Asimismo, según consta en el documento, quedan fuera del ámbito del gravamen la deuda --tanto la pública como la privada-- y los derivados.
No obstante, para el gestor de las bolsas españolas, esta medida podría distorsionar la distribución de la propiedad de las empresas cotizadas, cuyo 46% estaba en manos de inversores extranjeros a cierre de 2017 --máximos históricos--, y poner en cuestión el atractivo de las mismas.
"En un entorno tal global y competitivo como el actual, esta medida genera desconfianza en la comunidad inversora, producirá inequidad y arbitraje fiscal con otros países de nuestro entorno", ha subrayado BME.
En suma, BME considera que este nuevo impuesto puede suponer una amenaza para la estructura financiera de las principales compañías españolas, arietes fundamentales de la competitividad exterior de la economía.