Dos documentos abordan recientemente este asunto tan sensible para las arcas municipales. Por un lado, el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019: presupuestos para un Estado social. Por otro, el Plan Presupuestario 2019 y remisión trimestral de información. El primero contiene los acuerdos al que llegó el Gobierno con Podemos y el segundo, la información que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha enviado a Bruselas.

La sentencia que declara inconstitucional el impuesto cuando sean sometidas a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor ha creado una situación de inseguridad jurídica. La dimensión del problema que causará a las arcas municipales el citado varapalo de los tribunales a este tributo debería ser igual en ambos documentos. Pero no lo es.

En el primero de ellos, el impacto parece mucho más grave, ya que recoge textualmente: la modificación del impuesto implica una merma considerable de los ingresos municipales. Si bien la solución real pasa por un nuevo sistema de financiación, es necesaria una compensación inmediata, a corto plazo, para hacer frente al impacto económico al que los ayuntamientos tienen que hacer frente. El Gobierno y Podemos concurren que esa compensación sea un crédito presupuestario a favor de las entidades locales.

En el documento remitido a Bruselas no aparece esa compensación, incluso se aborda el asunto desde otra óptica mucho más benévola. De hecho, la merma considerable de los ingresos municipales pasa a un¿efecto que quedaría muy diluido en el conjunto de ingresos¿.

En este último señalan: ¿Los ayuntamientos consideran que en 2019 se podrían reducir un 3% sus ingresos por el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (impuesto de ¿plusvalía¿), efecto que quedaría muy diluido en el conjunto de ingresos teniendo en cuenta el peso relativo del impuesto, que viene siendo del 5,6% de los ingresos no financieros¿. Para el año 2019, de acuerdo con la información de los planes presupuestarios 2019-2021 recibidos en marzo de 2018, se esperan unos ingresos no financieros de 65.548,1 millones de euros y unos gastos no financieros de 62.508,0 millones.

Un 5,6% de esos ingresos serían 3.670 millones, partida que recaudan por el impuesto de plusvalía. Por tanto, reducir un 3% los ingresos significa borrar de un plumazo 110 millones de las arcas municipales.

Otra cosa es el agujero que pueden dejar en los ayuntamientos las reclamaciones por el cobro indebido de la plusvalía.