En una sentencia fechada el pasado 16 de octubre, el alto tribunal establece que es la entidad prestamista, y no quien recibe el préstamo, el que tiene interés en inscribir la operación y elevarla a escritura pública.
De este modo, la sala tercera del Tribunal Supremo modifica su jurisprudencia anterior e interpreta el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y concluye que no es el prestatario el sujeto pasivo de este impuesto, sino la entidad que presta el dinero.
El Supremo anula una sentencia previa, del 28 de febrero de este mismo año, en la que dictaminó que son los clientes quienes debían pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la constitución de hipotecas, de acuerdo con lo acordado por el Pleno de la Sala Primera del alto tribunal, que dio la razón a los bancos. La nueva sentencia cuenta con un voto particular discrepante, emitido por el magistrado Dimitry Berberoff, que postula el mantenimiento de la jurisprudencia anterior, y otro concurrente, del magistrado Nicolás Maurandi, que considera que la sentencia debió incidir en la existencia de dos impuestos: en el de actos jurídicos documentados y en el principio de capacidad económica previsto en el artículo 31 de la Constitución.
El impuesto varía en cada comunidad autónoma, pero oscila entre el 0,5% y el 1,5% del importe de la hipoteca. Como ejemplo, para un préstamo de 150.000 euros, oscilaría entre los 750 y los 2.250 euros. En una estimación realizada a principios de año, Asufin estimaba que la exposición de la banca española a los gastos hipotecarios asciende a 20.000 millones de euros. "Si el importe medio de una hipoteca ronda los 200.000 euros, lo que se reclama ronda los 2.500 euros multiplicados por ocho millones de hipotecas, estamos hablando de muchos miles de millones", reflexiona Patricia Suárez, presidenta de la asociación.
En este sentido, un informe de septiembre de 2017 elaborado por Kepler Cheuvreux consideraba que el coste potencial por litigios relacionados con hipotecas al que se enfrentaban los bancos españoles era de 22.437 millones de euros en su escenario central.
En el mejor de los escenarios, la firma gala calculaba un impacto negativo para el conjunto del sector de 5.015 millones de euros, mientras que el peor de los escenarios proyectaba un coste por litigios de 39.598 millones de euros.