Esta es una de las propuestas, recogida por Europa Press, que los socialistas han recogido en su documento con conclusiones y recomendaciones en las que trabajar a partir de los trabajos realizados por la comisión que investiga en el Congreso la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro.
Además de ello, el PSOE también plantea aumentar las aportaciones de las entidades financieras al Fondo de Garantía de Depósitos, para que sea el sector quien asuma el coste de las ayudas concedidas a través de esquemas de protección de activos o que las políticas de remuneración variable o por objetivos estén vinculadas a la evolución de la entidad en el medio plazo y a la mejora de la calidad del servicio a los clientes.
SÓLO SE INFORMA A PARTIR DEL 0,20%
Actualmente, las empresas cotizadas deben informar de las posiciones en corto cuando estas superen el 0,20% del volumen de la cotizada, un umbral que el PSOE concede que "puede ser insuficiente" ante la capitalización actual de las entidades financieras.
Así, creen que el supervisor puede no estar al tanto de "posiciones cortas de importes notables" como para "detectar los riesgos para el sistema. Y es que la CNMV se sirve de esta información para controlar e investigar ventas en corto que puedan generar riesgos sistémicos, ser abusivas o crear desórdenes en el mercado.
Por ello, apuestan por dejar este límite del 0,2% de posiciones en corto para aquellas compañías que no alcancen una capitalización de 500 millones, limitarla a la mitad, el 0,1%, para las que estén por debajo de 10.000 millones, y para aquellas que rebasen esa capitalización, fijarlo en el 0,05% de umbral.
Los socialistas creen que la incorporación de tramos no sólamente mejoraría la transparencia de estas posiciones y fortalecería la función supervisorra, sino que haría más util el sistema y equitativo entre las entidades cotizadas.
¿QUÉ SON LAS POSICIONES CORTAS?
Estas posiciones responden a la actividad de los vendedores en corto, que toman prestadas acciones de un inversor prestamista y las vende inmediatamente después, cerrando su posición cuando recompra las acciones y las devueve al inversor-prestamista inicial. Así, al contrario que los inversores que compran activos esperando a que su precio se incremente, los vendedores en corto compran valores esperando sacar beneficio si el precio de dichos activos cae.
Una actividad que llegó a ser cuestionada en el Congreso, cuando Unidos Podemos llevó a la Cámara Baja una iniciativa para limitar de forma permanente estas ventas en los mercados de valores, con el fin de evitar sus efectos perniciosos en momentos de "mayor estrés financiero".
El grupo confederal registró esta proposición no de ley en junio de 2017, días después del hundimiento del Banco Popular, cuya depreciación en Bolsa acentuó la salida de depósitos en la entidad hasta su venta por la Junta Única de Resolución, que cerró el traspaso de la entonces sexta entidad financiera española al Banco Santander por tan solo un euro.