Según la Agencia ha informado en un comunicado, en el marco de la denominada Operación Carpo, se han iniciado inspecciones a 80 contribuyentes vinculados a los locales inspeccionados, de los que 62 eran sociedades y 18 personas físicas socios y administradores de las sociedades investigadas.

La Agencia contaba con indicios de que estas empresas ocultaban parte de sus ventas mediante la utilización de programas informáticos que manipulaban las ventas reales, suprimiendo o modificando el importe de una transacción.

Las investigaciones previas afloraron que estas sociedades recibían cobros en efectivo, más difíciles de vigilar, muy por encima de la media del sector mayorista de frutas, de manera que en ocasiones superaba el 80 % de las ventas.

Además, los márgenes de explotación de estas sociedades eran "significativamente inferiores" a los de otras empresas del sector, en ocasiones con resultados negativos durante varios ejercicios.

A esto se añade que la capacidad económica de algunos administradores eran "incompatibles" con las rentas declaradas, lo que influyó a la hora de seleccionar los objetivos a comprobar.

El dispositivo, en el que han participado más de 430 funcionarios de la Agencia con apoyo policial, ha afectado a 15 locales en la Comunidad Valenciana, 14 en Madrid, 11 en Galicia, 11 en Andalucía, 6 en Canarias, 5 en Aragón, 3 en Murcia, 3 en Castilla y León, 2 en Asturias, 2 en Extremadura, 1 en Baleares, 1 en Cantabria y 1 en La Rioja, a los que se unen acciones en el País Vasco y Navarra coordinadas por las Haciendas Forales.

Las entradas se han iniciado a primera hora de la mañana con la personación e la Inspección Tributaria y sus Unidades de Auditoría Informática, con el fin de acceder directamente a la documentación e información contable, así como a los sistemas informáticos.

La operación Carpo -coordinada por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria con la participación de 299 funcionarios de inspección y el apoyo de policías y 133 funcionarios de Vigilancia Aduanera- tiene un precedente en la operación White, desarrollada en febrero de 2016 en locales de venta de pescado en Mercabarna en Barcelona.

La Agencia ha recordado que los programas de ocultación de ventas, para cuya detección está teniendo gran importancia la colaboración ciudadana, serán prohibidos cuando entre en vigor el nuevo paquete de medidas antifraude aprobado por el Gobierno. EFECOM

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