¿Hemos hecho todos los cálculos para todos los escenarios posibles¿. Estas palabras de Jaume Guardiola, consejero delegado del Sabadell, resumen el `trajín¿ que, calculadora en mano, se vive estos días en los grandes bancos españoles.
Sin dar cifras concretas a la espera de que el próximo 5 de noviembre el Supremo defina quién debe pagar los impuestos de las hipotecas, el sector empieza a asumir que será quién asuma el coste. La clave está en la retroactividad del fallo, con la amenaza de una nueva ola de litigios para que sean los bancos los que devuelvan los importes a los clientes, a pesar de que son las autonomías las que han cobrado el impuesto.
Los banqueros españoles coinciden en que el caso del IAJD no tiene nada que ver con cláusulas abusivas o la `mala fe¿ en la comercialización de ciertos productos financieros. Y se esmeran en recordar que la sentencia del Supremo elimina una norma que lleva en vigor 23 años: ¿Es difícil pensar que haya penalización a unas entidades por haber cumplido una norma. Quien no ha hecho nada mal no debe ser penalizado¿, expresaba la pasada semana el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.
Sin embargo, la mala sintonía de la sociedad con la banca por los `pecados¿ del pasado es una realidad, además, aprovechada por los bufetes de abogados que ya han amenazado con nuevas reclamaciones contra un sector que acumula ya elevados gastos con casos como las preferentes, las cláusulas suelo, el IRPH, los gastos por constitución de hipotecas, o procesos más recientes como la resolución del Popular.
Los datos de las entidades remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y teniendo en cuenta que no todas los publican con el mismo detalle, evidencian que las provisiones para litigios de los principales bancos españoles se acercan a los 8.000 millones de euros a cierre de 2017.
Santander es la entidad que contaba con mayores recursos, de 5.841 millones de euros, en concepto de provisiones para cuestiones procesales, litigios por impuestos, y ¿otras provisiones¿, según consta en su último folleto de actividad continuada. En la cifra se incluyen las cláusulas suelo heredadas del Popular, la `compensación¿ en forma de los bonos de fidelización para los afectados por la resolución del banco y otro tipo de reclamaciones derivadas de la venta de productos financieros.
El `colchón¿ de BBVA y de CaixaBank ronda los 750 millones de euros para cada uno, mientras que Sabadell cuenta con 155 millones de euros para lidiar en los tribunales con distintos clientes, especialmente los afectados por las cláusulas suelo. En Bankia, las provisiones para litigios ascienden a casi 270 millones de euros.
Por su parte, Bankinter confirmó en su presentación de cuentas del tercer trimestre que ha elevado sus provisiones en algo más de un 13% hasta septiembre, hasta los 168 millones de euros. María Dolores Dancausa explicó que ¿la mayoría procede de los litigios por las hipotecas multidivisa¿, pero también reconoció que la cifra podría ampliarse al no incluir el último fallo del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas. De hecho, la directiva expresó que la incertidumbre generada ha desgastado su objetivo de cerrar el año con un beneficio récord. ¿Hace una semana lo tenía clarísimo, pero ahora lo dudo¿, aseguró.
Asi, la banca acumula unos 7.900 millones de euros destinados a lidiar con las reclamaciones de los clientes. Una cifra que apunta a engordar sensiblemente de aquí a final de año. ¿Puede haber entidades que después de marzo liberasen algo de las provisiones que tenían y ahora tendrá que hacer más, aunque no será hasta final de año cuando lo detallen¿, insisten fuentes del sector.
Los banqueros aseguran en público en que ¿las provisiones no se hacen de un día para otro¿. Pero el nerviosismo de los últimos días ha puesto en marcha la maquinaria interna por lo que pueda pasar. CaixaBank ha sido de las pocas que ha reconocido que, tras la sentencia del Supremo, estudió la posibilidad de aplicar provisiones a las cuentas del tercer trimestre. Un movimiento que finalmente no ha llevado a cabo a la espera de la decisión del tribunal, y que sí podría incluir en sus cuentas de cierre del ejercicio.
Desde otra entidad financiera nacional aseguran también que están estudiando nuevas provisiones para afrontar posibles litigios derivados del proceso, ¿aunque estos datos se concretarían a final de año y los daríamos a conocer en los resultados anuales¿, coinciden.
Solo a partir del 5 de noviembre, con la decisión definitiva de la justicia, el sector tomará las medidas que considere oportunas. Y a juzgar por los movimientos de los últimos días, es más que probable que decidan engordar esa hucha de provisiones, además de cambiar sus políticas comerciales.
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