El Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal decidió ayer por 15 votos contra 13 que sean los clientes quienes asuman el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), corrigiendo así una sentencia de mediados de octubre que estableció que la tasa debía recaer en los bancos.

En declaraciones a los periodistas, Lesmes ha defendido que la decisión adoptada ayer por el Pleno se hizo "con libertad e independencia de criterio", y que los 28 magistrados que podían formar parte del Pleno resolvieron por mayoría una cuestión "controvertida".

Lo que ha ocurrido en el Supremo, ha explicado, es consecuencia de la falta de claridad de la ley, por lo que "ahora mismo el Congreso, el legislador, tiene una magnífica oportunidad" para clarificar quién debe ser el sujeto pasivo en un contrato hipotecario.

La forma de resolver este tipo de cuestiones de gran trascendencia y que levantan tanta controversia, ha indicado, es con Plenos jurisdiccionales como el que se celebró ayer, ya que "estas son las reglas del juego" en el Estado de derecho; los jueces las resuelven con "libertad e independencia, y si hay discrepancias se resuelven votando", como ocurrió ayer.

Lesmes ha afirmado que aceptan que las decisiones de los jueces son de poder público y están sujetas al escrutinio de la opinión pública y a la crítica, pero ha añadido que en el presente caso lo que ha ocurrido es que ha habido durante 35 años una falta de claridad en la ley a la hora de delimitar quién es el sujeto pasivo de un contrato hipotecario.

A su juicio, en este tiempo, los jueces, también los del Supremo, han venido interpretando una ley que no era clara.