Según ha informado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, se trata de un proyecto para regular los contratos de crédito inmobiliario que transpone una directiva europea de 2014 y que está actualmente tramitándose en el Congreso.

Celaá ha apuntado que el Gobierno "no quiere pagar más multas" por el retraso en la transposición de normas europeas, por lo que está haciendo "un esfuerzo importante y significativo" en relación a la transposición de directivas.

Por ello, el Ejecutivo ha solicitado la tramitación de urgencia de este proyecto de ley por el que se endurecen los requisitos que deben cumplirse para el inicio de la ejecución del préstamo, se prohíben con carácter general las ventas vinculadas a las entidades de crédito y se modifica la política retributiva de los prestamistas, entre otros aspectos.

De esta manera, el plazo para que el proyecto aprobado hace un año por el anterior Gobierno pase del Congreso al Senado se reduce desde los dos meses hasta los 20 días naturales.

REGULACIÓN DE PLANES Y FONDOS DE PENSIONES

En el marco de esta "prisa" por no retrasar la transposición de directivas europeas a la normativa española, el Gobierno ha aprobado también un anteproyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de regulación de planes y fondos de pensiones.

Según ha explicado la portavoz del Gobierno, se trata de actualizar o trasladar a la legislación española una directiva de 2016 relativa a las actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo.

La Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo (FPE), incluye novedades que tienen por objeto garantizar el buen gobierno y la supervisión prudencial de los fondos de pensiones de empleo, el suministro de información adecuada a los partícipes y beneficiarios y la transparencia y la seguridad de los planes de pensiones de empleo.

Esta nueva norma introduce novedades y modificaciones como la clarificación de las notificaciones entre las autoridades de los Estados miembros de acogida del plan de pensiones y de origen del fondo de pensiones de empleo, la introducción de un procedimiento de autorizaciones previas por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros en las transferencias transfronterizas, la regulación detallada de las obligaciones de información y el establecimiento de normas generales relativas a la supervisión prudencial, entre otros aspectos.