Según señala la compañía en un comunicado, en noviembre de 2015 inició un arbitraje contra España ateniéndose a la Carta de la Energía, tratado internacional que garantiza las inversiones internacionales en esta materia, tras el cambio llevado a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy en materia de renovables.
Estos cambios legislativos habrían afectado negativamente al valor de la inversión realizada en los años previos relativos a la energía solar, de forma que infringía el artículo 10 de dicho tratado sobre una capacidad total instalada de 6,7 megavatios (MW).
Además de la indemnización de 11 millones de euros, que cubre los daños ocasionados y el coste del arbitraje, la sentencia también le reconoce a la empresa la recuperación de los intereses desde el 30 de junio de 2014.
El presidente de Athena, Peter Hostgaard, ha aplaudido el fallo, ya que confirma la aplicación de la ley en Europa y protege "el interés legitimo de los inversores", al mismo tiempo que ha avanzado que el importe indemnizado será contabilizado para "partidas especiales".
La última sentencia a la que España tuvo que hacer frente debido al cambio de criterio sobre las renovables tuvo lugar el pasado mes de junio, cuando el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, falló a favor del fondo Antin, reconociéndole el pago de una indemnización de 112 millones de euros.
Previamente, en mayo, el Estado español sufrió otro revés también por parte del Ciadi al fallar a favor de Masdar, que pertenece a Mubadala, fondo soberano de Abu Dabi, reconociéndole una indemnización de 64 millones de euros.
Este fallo del Ciadi era el segundo en contra de España, después de que en mayo del año pasado el organismo dependiente del Banco Mundial fallara a favor de Eiser Infraestructure, condenando a pagar 128 millones de euros más intereses a la firma británica.
No obstante, el Gobierno de España presentó ante el Ciadi un recurso contra este laudo favorable a Eiser Infraestructure, al considerar que podía existir un conflicto de intereses con el árbitro designado por la firma británica, Stanimir Alexandrov, ya que también formaba parte del tribunal en otra de las demandas presentadas contra España.
Además, el pasado mes de febrero, España registró otro laudo en contra de la Cámara de Comercio de Estocolmo que le obligaba a pagar 53 millones de euros a la firma NovEnergia. De todas maneras, el tribunal de apelación de Suecia decretó posteriormente la suspensión indefinida de la ejecución de este laudo.
RESOLUCIONES EN EL AIRE
No obstante, la resolución de estos procesos en contra del Estado está en el aire, ya que el pasado mes de noviembre la Comisión Europea respaldó al Gobierno de España en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la UE era una situación contraria al Derecho de la Unión.
Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) falló en marzo que la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la UE.
Este fallo abría una vía favorable para España en el conflicto con los fondos de inversión extranjeros por las renovables, aunque no definitiva, ya que muchos de los arbitrajes de inversión se han iniciado al amparo de la Carta Europea de la Energía.
DOS VICTORIAS EN LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES
Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también decayó la demanda de 6 millones de euros de Solarpark Management, que había denunciado ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC).
España suma casi una treintena de demandas ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi, dependiente del Banco Mundial, contra los recortes aplicados a las energías renovables por las reformas del Gobierno en los años 2010 y 2013, así como otras más en otros organismos internacionales.
RECLAMACIONES POR MÁS DE 7.500 MILLONES
Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las energías renovables asciende a 7.566 millones de euros.
Entre todas estas demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros, casi una cuarta parte de todas la cantidad demandadas a España.