Este tipo de embargos se han reducido además un 32,9% desde el trimestre anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El número total de viviendas -habituales y de otro tipo- que fueron objeto de una ejecución hipotecaria se elevó a 4.936, un 4,1% más que un año antes y un 30,3% menos que entre abril y junio de este año.

El número de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad en el tercer trimestre de 2018 fue de 9.681, lo que supone un 32,4% menos que el trimestre anterior y un 5,5% más que en el mismo trimestre de 2017.

Entre las viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria, 1.182 eran habituales en propiedad (un 27,1% menos que en el mismo trimestre de 2017) y 466 no eran residencia habitual de los propietarios (un 6,5% menos).

Según la naturaleza de la finca, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentraban el 51,0% del total de ejecuciones hipotecarias en el tercer trimestre de 2018.

Un 12,2% del total de ejecuciones hipotecarias eran viviendas habituales de personas físicas, un 34,0% correspondía a viviendas de personas jurídicas (un 25,4% más que en el mismo trimestre de 2017), y un 4,8% a otras viviendas de personas físicas, un 6,5% menos que en el tercer trimestre de 2017).

En cuanto a las ejecuciones hipotecarias de otras fincas urbanas (locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos), representa el 37,3% del total.

Si se tiene en cuenta el estado de la vivienda, un 22,6% correspondieron a viviendas nuevas, y un 77,4% a usadas; el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas nuevas creció un 6,0% en tasa anual, y el de usadas, un 3,6%.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, las que mostraron mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas fueron Andalucía (1.873), Cataluña (1.501) y Comunidad Valenciana (1.471), en tanto que Navarra (24), País Vasco (33) y Aragón (91) registraron el menor número.

Considerando sólo los embargos sobre viviendas, Andalucía (1.055), Comunidad Valenciana (893) y Cataluña (768) presentaron el mayor número de ejecuciones, y Navarra (11), País Vasco (15), y Aragón (51), los menores. EFECOM

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