En España nacieron 179.794 personas entre enero y junio de 2018. ¿Les parecen pocas? ¿Muchas? Pues son pocas. Muy pocas. Tan pocas que no existen precedentes para un primer semestre desde que el Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge estos datos. Es decir, desde 1941. Con respecto al primer semestre de 2017, el descenso es del 5,8%, aunque hay regiones en los que es mucho mayor: en La Rioja alcanza el 13,7% y Extremadura, el 10,3%
También hay que remontarse hasta ese mismo año, hasta 1941, para encontrar un primer semestre con más fallecimientos. En total, 226.384 personas.
Combinando ambos números se obtiene un preocupante saldo: -46.590 personas. Es decir, el crecimiento vegetativo es, en realidad, decrecimiento, porque mueren más de los que nacen. ¿Y adivinan qué? Que las estadísticas del INE tampoco habían registrado un saldo semestral tan negativo desde que empezó la serie estadística en 1941.
Al mismo tiempo, este salto también pone de relieve que es la inmigración la que impide que la población española descienda. En el primer semestre de 2018, 1 de cada 5 nacimientos fue de madre extranjera, por encima del 18,8% de un año antes.
UN PROBLEMA DEMOGRÁFICO, SOCIAL... Y ECONÓMICO
La evolución de los nacimientos -ver gráfico- constata la reducida cifra de los seis primeros meses de 2018 se ve reforzada por el hecho de que es el cuarto año consecutivo en el que el número de nacidos desciende hasta junio. Es decir, evidencia que no es un hecho puntual, sino una tendencia cada vez más palpable.
Las cifras del conjunto de 2017, anunciadas igualmente por el INE este martes, así lo confirman. En todo el año pasado se registraron 393.181 nacimientos, la cifra más reducida desde 1998. Y más de 100.000 por debajo de la registrada en 2008, cuando se superaron los 500.000. Un dato más: en 2017, la edad media a la maternidad superó por primera vez el umbral de los 32 años -32,08 años-. En 2008 era inferior a los 31 años y en 1975 no llegaba a los 29 años.
Como durante el pasado año fallecieron 424.323 personas, el crecimiento vegetativo del pasado ejercicio arrojó igualmente un balance negativo: -31.342 personas. Y fue el tercer año consecutivo en el que ocurrió tal cosa.
Esta realidad manifiesta no solo el desafío demográfico y de envejecimiento de la población que España, como tantos otros países desarrollados, afronta, sino también las consecuencias económicas de esta situación, que abarcarán desde el mercado laboral y los hábitos de consumo hasta el sector inmobiliario o los productos de inversión, porque no trabaja, ni consume, ni invierte de igual manera una sociedad joven que una vieja. Y en especial, refuerza la tensión que esta pirámide poblacional, con cada vez menos jóvenes y una mayor base de población jubilada gracias al incremento de la esperanza de vida -83,09 años al nacer en 2017-, ejercerá sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones.