Así lo ha resaltado la Asociación Española de Fintech e Insurtech (Aefi) durante el encuentro 'Entrada en vigor del sandbox español' en el que han participado el asesor del Gabinete de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, Raúl Saugar; el presidente de Aefi, Rodrigo García de la Cruz; el socio de Hogan Lovells Jaime Bofill y el consejero delegado de Urbanitae, Diego Bestard.
Raúl Saugar ha explicado que el sandbox, que se enmarca en el Anteproyecto de ley de medidas para la transformación digital del sistema financiero, está en vías de aprobarse como "un espacio de pruebas controlado, no desregulado, que implicará garantías para la operativa de las fintech y será un catalizador de la innovación del sistema financiero y de mayor seguridad jurídica al consumidor en España".
Los participantes en el evento han destacado que la implantación del sandbox o espacio de pruebas controlado implicará múltiples ventajas para el desarrollo del sector fintech e insurtech y situará a España a la cabeza de Europa Continental en el sector de la innovación tecnológica financiera.
"España tiene los mimbres para desarrollar un buen entorno para las startups, para atraer y retener talento internacional. Pero si no hay un marco regulatorio no es posible convertir al país en un hub para crear, cocrear y desarrollar innovación", ha advertido García de la Cruz.
Por su parte, Bofill recordó que el sandbox va a ser un proceso "muy competitivo", ya que los recursos son limitados y prevé que solo habrá entre 200 y 230 plazas. Además, las empresas deberán aportar un plan de negocio, así como innovación y garantías para los consumidores que tendrán que reflejar en expedientes que serán evaluados por la Dirección General del Tesoro, además de "demostrar su ADN tecnológico".
El consejero delegado de Urbanitae, de su lado, alertó de que la incertidumbre "es el peor enemigo de la inversión", por lo que contar con un entorno de pruebas regulado "facilita mucho la entrada de nuevas iniciativas y la obtención de la financiación necesaria para llevarlas a cabo", a la vez que sirve como "un elemento disuasorio para posibles malos actores que, escudándose en la falta de claridad o encaje en las leyes actuales, lanzan sus productos al mercado sin supervisión alguna".
La Aefi espera que su aprobación se acometa este año y estima que afectará directamente a las inversiones en el mercado español, en cifras de entre 500 y 1.000 millones de euros, y que generará hasta 4.500 nuevos puestos de trabajo.