Los reguladores extreman la vigilancia sobre los gigantes de la gestión de fondos

“Los reguladores, las consultoras y las grandes gestoras mantienen reuniones prácticamente todos los meses en las que el debate sobre si la industria supone un riesgo sistémico para la estabilidad financiera sigue sobre la mesa”. Estas palabras de un alto directivo de una gestora nacional reflejan la evidente preocupación que desde hace años perturba a los reguladores, que quieren evitar a toda costa un nuevo ‘Lehman Brothers’ en un sector que ya mueve más de 93 billones de dólares (unos 82,5 billones de euros) en todo el mundo. 

El debate sobre si grandes firmas como BlackRock, Vanguard o State Street deberían entrar en el grupo de entidades capaces de generar un ‘riesgo sistémico’ se reactivó en 2014, tras años de crecimiento a doble dígito impulsado, sobre todo, por el boom de los productos de gestión pasiva como los ETFs. 

El tamaño preocupa, y mucho, al Comité de Estabilidad Financiera (FSB) y a la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO). No es para menos. Según un informe elaborado por Willis Towers Watson y el Thinking Ahead Institute, los activos bajo gestión de las principales 500 gestoras de fondos del mundo creció un 15,6% en 2017, últimos datos publicados, hasta alcanzar esos 93,8 billones de dólares, por encima incluso del PIB mundial (de unos 80 billones de dólares). De esa cifra total, las primeras 20 gestoras del ranking copan el 43%, lideradas por los 6,28 billones de dólares que gestiona BlackRock y los 5 billones de dólares de Vanguard. 

"Las 500 mayores gestoras del mundo manejan más de 82,5 billones de euros"

EL VOLUMEN IMPORTA

Es cierto que la insolvencia de las grandes gestoras parece un paisaje remoto y desde el sector defienden desde hace años que su papel en el sistema financiero es completamente distinto al de los bancos. No quieren que entrar en el mismo saco. Pero toda precaución es poca. “Imagina lo que podría suceder si hay problemas con una firma del tamaño de BlackRock, con un volumen de activos cuatro o cinco veces mayor al de todo el Grupo Santander”, advierten desde KPMG. “Aunque no sean igual que los bancos, estas entidades son claramente sistémicas y la regulación va a entrar con mayores controles provocando, a su vez, mayores costes para estas empresas”, indican los expertos. 

La misma opinión maneja el equipo de CaixaBank Research, que en un reciente informe explica que “es previsible y deseable que el crecimiento del sector coexista con un entorno regulatorio más exigente”. “La clave está en que esa regulación ponga sus miras en aquellas variables que son susceptibles de contribuir a la propagación del riesgo sistémico, más allá del tamaño de un determinado fondo de inversión o de una gestora de activos”, indican los analistas. En este sentido, apuntan a la tipología de las inversiones y a los esquemas de liquidez de los vehículos utilizados como mejor lugar donde dirigir el foco de los reguladores. 

EL IMPACTO DE LA TRANSPARENCIA

Según explican los analistas de KPMG, los reguladores nacionales también han comenzado a ‘ponerse las pilas’ vigilando la transparencia de las comisiones de los fondos que se comercializan entre minoristas. MiFID II exige que las gestoras detallen con exactitud a qué parte del proceso de inversión va a parar cada céntimo que paga el cliente en comisiones. Las gestoras ya han comenzado a remitir esta información, pero los reguladores quieren más. 

En concreto, y en el caso español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha hecho especial hincapié en la necesidad de que las firmas especifiquen los costes de transacción de su fondo en los documentos de registro del producto, así como en sus informes anuales.  

"Los reguladores empiezan a exigir factores de sostenibilidad a los equipos y a las estrategias de inversión de las gestoras"

Este dato de transacción no solo incluye el coste de comprar y vender un valor. También suma factores como la comisión de ‘corretaje’, los impuestos que paga el fondo, etc. Hasta ahora, todos esos gastos se incluían dentro de una misma comisión, junto con el coste de análisis (research) y la idea es que las firmas empiecen a separarlo desde ya. 

MÁS ALLÁ DE MIFID II

La aplicación de MiFID II no es la única que supone una mayor presión para las gestoras de activos. Según indican desde una firma internacional con operativa en España, los reguladores “han comenzado a ponerse más serios con el cumplimiento de determinados factores de sostenibilidad y gobernanza”. Los analistas valoran positivamente estas exigencias, al considerar que “es una de las mejores fórmulas para atraer a inversores institucionales en mercados como el español, donde este grupo escasea”. 

De hecho, y según datos de Inverco, apenas un 10% del patrimonio en fondos en España proviene de grandes inversores como las aseguradoras, frente a la media del 50% en Europa. “Tener una base institucional menor puede suponer un problema de volatilidad en momentos de estrés en los que los minoristas son mucho más propensos a abandonar sus inversiones en vez de mantener la perspectiva a largo plazo con la que sí cuentan estos institucionales”, indican.