El decreto-ley del Gobierno para combatir el impacto económico del coronavirus se queda corto según el Consejo General de Economistas. Entre otras cosas, los economistas reclaman que las medidas de blindaje para el funcionamiento de las sociedades cotizadas se trasladen también a las sicavs y otros partícipes del mercado.
En concreto, los economistas señalan que “las medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno de las sociedades anónimas cotizadas deberían hacerse extensibles a otras entidades supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”. Y es que estas otras sociedades se quedan fuera de las concesiones que plantea el decreto-ley.
Las cuestionadas sicavs, cuya fiscalidad tenía previsto revisar el Gobierno, son unas de las entidades a las que los economistas consideran que habría sido conveniente ampliar este blindaje de funcionamiento. También se apunta directamente hacia las empresas de servicios de inversión (ESI), más conocidas como corredores de bolsa.
Entre las medidas cuya generalización reclaman está el poder ampliar los plazos para la presentación de ciertos informes financieros y de gestión, además de más tiempo para la celebración de las juntas generales de accionistas. También la celebración de estas asambleas únicamente por vía telemática y también para las sesiones de su consejo de administración siempre que todos sus miembros “dispongan de los medios necesarios para ello” y sean identificados por el secretario.
Aunque el colectivo manifiesta su “total apoyo” a las iniciativas aprobadas por el Gobierno, señala que un amplio repertorio de medidas podrían haber ido más allá . Asimismo, puntualiza que otras no han quedado suficientemente explicadas o requieren de más recursos de los anunciados para su efectiva puesta en marcha.
Denuncian falta de recursos
En línea con la primera crítica, el Consejo General de Economistas subraya que “sería importante dejar muy claro el procedimiento de obtención de los avales” que se ha señalado que vendrán desde empresas privadas. “No pueden entrar en un comité de riesgos al uso sin tener en cuenta las circunstancias excepcionales de esta crisis”, remarcan.
Por lo que respecta a la falta de medios, alude a que “no se ha incluido ninguna medida para reforzar los juzgados de lo Mercantil” y que tampoco se ha procedido al refuerzo de equipos informáticos o la extensión de los procedimientos electrónicos de Justicia. Del mismo modo se acusa la falta de limitaciones a “los privilegios del crédito público en fase preconcursal y concursal”.
Por otra parte, los expertos señalan que “este no es solo un problema de España, sino de toda la UE”, por lo que insisten en que “ha llegado el momento de hacer más Europa y hacer una política fiscal y financiera común”. El presidente de la institución, Valentín Pich, ha señalado que, de otro modo, “la recuperación económica será mucho más lenta y dolorosa”.