El fantasma de la nacionalización en aras del bien general emerge como un nuevo paradigma sindical. Comisiones Obreras señaló recientemente que “la crisis obligará a Europa a nacionalizar empresas bandera” y que España no puede quedarse fuera de ese debate.

Es de esperar, por tanto, que de un Gobierno de coalición socialdemócrata con vocación intervencionista acabe emergiendo el deseo de retomar su presencia en sectores estratégicos. Uno de los sectores señalados es la banca. ¿Es un banco público lo que necesita ahora España? Con rotundidad, no.

Sin embargo, España ya tienen un banco público. Y no es poca cosa. Bankia es la cuarta entidad por volumen de activos (un 20% aproximadamente del PIB de España), que forma parte del concentrado sistema bancario nacional dominado por cinco entidades que suman algo más del 80% de los activos totales.

No habría por tanto que intervenir o crear entidad alguna. Bastaría, por ejemplo, con abortar los planes de venta de Bankia, recientemente pospuestos para 2021, y recomprar (nacionalizar) el resto del capital que no controla BFA (un 61,8%) con el pretexto de ser una prioridad social.

Pero siendo BFA 100% propiedad del Estado a través del FROB, no se puede negar que el Gobierno no tenga una cierta tentación de ejercer influencia sobre el consejo de administración. Es lo que ocurría con las cajas de ahorro.

Otro análisis paralelo que habría que formular es si Bankia está en condiciones para prestar con garantía un servicio público sin un eventual mayor coste para el ciudadano. A la vista del duro panorama que se le presenta este año y el próximo, parece que no. Veamos porqué.

El previsible incremento en mora va a llevar a que las provisiones a dotar generen pérdidas contables

La abrupta caída de la actividad en España va a llevar a una mayor compresión en los márgenes que ni la reciente subida del euríbor va a poder compensar. Ya lo vimos en el primer trimestre y peor aún serán los siguientes. Lo mismo que ocurrirá en la línea donde los bancos tienen puesto el foco: las comisiones.

Sólo la bajada que se producirá como consecuencia del efecto mercado, de los reembolsos en fondos de inversión o del rescate anticipado de planes de pensiones, esta fuente de ingresos quedará golpeada, pues son los únicos colchones de los que disponen multitud de ahorradores para hacer frente a un país paralizado económicamente.

Estas pérdidas van a obligar al banco a un esfuerzo sobre humano en su línea de costes. Sin embargo, hay que recordar que las oficinas son un tercio de las que tuvo y que su plantilla se ha reducido a la mitad desde su rescate. Es decir, que ha recorrido ya mucho camino en ganar eficiencia.

Pero hay más. Sólo la moratoria crediticia que avala el Gobierno va a suponer un impacto mínimo de entre 73 y 59 millones en el segundo trimestre. Hablamos con estimaciones hecha con las primeras 34.000 solicitudes que ha recibido el banco. Hay que sumar las que restan por llegar.

El previsible incremento en mora va a llevar a que las provisiones a dotar generen pérdidas contables y, aunque es cierto que las mismas no afectan al cash flow ni a sus ratios de solvencia, el titular va estar en la más que probable caída del beneficio en los próximos trimestres.

Esto será así porque la mora correlaciona altamente con el crecimiento, y el país afronta un escenario muy negro con un PIB que se va a desplomar por encima del doble dígito y con altas tasas de paro.

Calculo para los próximos años un saldo de bruto de provisiones de hasta 3.000 millones de euros en el 'worst case', con la mora al doble de la actual. Cinco veces el resultado obtenido en 2019 por la entidad.

Bankia necesitó de cuatro años para reducir la mora a la mitad desde la que tenía en 2015 con la economía creciendo en media al 3%. Desde su nacionalización en 2012, las acciones se encuentran hundidas y es de lejos el peor valor de la bolsa española en una década solo superada por Abengoa.

No es de extrañar que los accionistas de Bankia sean hoy una cuarta parte de los que había en 2013, cuando llegaron a superar el medio millón, si bien es cierto que en ese momento la gran mayoría poseían unas acciones que no deseaban tener. Pero eso es otra historia.

Visto el escenario que le espera a Bankia, está claro que nacionalizar no es una opción siquiera planteable. Un Gobierno no debe intervenir en la gestión de una entidad y socializar un servicio con el pretexto de potenciar la inclusión o la igualdad.

Además de romper con los principios elementales del libre mercado por el efecto distorsionador en los precios que tiene toda intervención pública, si hay algo que el Estado ha demostrado en el tiempo, es que no es un buen gestor. El rescate de Bankia fue una decisión política y es por tanto responsabilidad del Gobierno. Pero de ahí a que actúe como una entidad de servicio público dista una enormidad.

*** Alberto Roldán, economista y gestor.