Una compañía más se aproxima a su retirada de la bolsa española. Y van cinco este año. Barón de Ley anunció el lunes el inicio de los trámites para una exclusión bursátil ante la que los accionistas deben tomar posición. Los que hoy por hoy son dueños de un 9,46% del capital de la todavía cotizada tienen varias opciones sobre la mesa.
Aunque tienen tiempo para pensar su decisión, conviene que los accionistas de Barón de Ley vayan tomando posiciones de cara a las posibles oportunidades que puedan presentarse por el camino y no tomar una decisión de último minuto poco sopesada. Y es que el tiempo para una opción definitiva no llegará para los socios del grupo vitivinícola especializado en la denominación de origen Rioja hasta el próximo octubre.
Un calendario que se desprende del hecho de que la primera fecha clave del proceso está fijada para el próximo 17 de septiembre. Ese es el día elegido por el consejo de administración de Barón de Ley para celebrar la junta de accionistas de este ejercicio, tardía con respecto a lo que acostumbra a consecuencia de las restricciones impuestas por la crisis de coronavirus.
Mismo precio, segundo intento
El orden del día de la reunión aún está por llegar, pero la bodeguera ya ha adelantado que incluirá la propuesta de excluir de negociación la totalidad de sus acciones. Toca estar atentos a la publicación de la convocatoria de la asamblea, que podría dilatarse hasta mediados de agosto, pues todavía cumpliría entonces con el preceptivo mes de antelación que exige la ley vigente.
Conviene recordar en este punto que este será el segundo intento de Mazuelo Holding para sacar a la bodeguera de la bolsa española. El año pasado ya lanzó una oferta pública de adquisición (opa) con este fin, pero su aceptación se quedó a las puertas del objetivo. Ahora, el precio se repite, pero será la propia compañía la que proponga la exclusión y, además, el grupo inversor ha ido incrementando su posición hasta alcanzar un 90,44% del capital.
Con este nivel de control, la autorización de la junta y el éxito de la operación están asegurados siempre que llegue el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No obstante, no se trata de una vía de recorrido único, sino que las distintas opciones por las que pueden optar el resto de accionistas de la bodeguera abren la posibilidad de distintos escenarios.
De momento, lo que ha trascendido es que la operación se planteará a un precio de 109 euros por acción, el mismo importe que Mazuelo puso sobre la mesa -y en la cuenta corriente de los que aceptaron- el año pasado. Además, se ha adelantado ya a la CNMV que se procederá a “la reducción de su capital social mediante la amortización de las acciones que hayan aceptado la oferta”.
Aceptar o vender al mercado
Hasta que se active la maquinaria de la operación, los inversores podrán seguir comprando y vendiendo acciones de Barón de Ley al precio que en cada momento marque el mercado. Algo que, como es habitual, también ocurrirá durante el periodo de aceptación que se establezca para la opa de exclusión. En lo que va de año, el precio de la compañía ha oscilado entre los 90 y los 110 euros por acción.
El lunes, su gráfica se anotó un rebote del 15% hasta los 107 euros por título, lo que recortó la prima ofrecida por el precio anticipado para la opa hasta el 2% frente al 17% que suponía frente al cierre del pasado viernes, en 93 euros por título.
Los 109 euros por acción están asimismo por encima del precio objetivo que marca para la compañía el consenso de analistas de Refinitiv, que se queda en 107,51 euros. Apenas un 0,5% por encima de su actual cotización.
Estos números son muy importantes de consideración para evaluar en cada momento si, antes de que llegue el periodo de aceptación de la opa, conviene deshacer posiciones a un precio más elevado o por necesidad de liquidez. En cualquier caso, hay que considerar que la venta de acciones está sujeta a las comisiones de turno aplicables por cada bróker y las consiguientes obligaciones fiscales.
La opción más evidente tras el anuncio lanzado el viernes por la compañía es la de la aceptación de la oferta. Para ello habría que aguantar en cartera las acciones de Barón de Ley hasta el momento en que se abriese el periodo de adhesión a la puja y comunicar esta intención a la entidad depositaria de los referidos títulos.
Si, descontadas las pertinentes comisiones y cargas fiscales, la prima siguiera siendo atractiva, la opción de incrementar posiciones en el mercado para acudir después a la opa y apuntarse la diferencia es otra posibilidad a considerar.
Mantenerse fuera de bolsa
Sin embargo, ninguna de estas opciones son tan inmediatas como la que han de tomar los que decidan mantenerse en la compañía incluso después de su retirada de bolsa. En este caso, los inversores deberían manifestarse a favor de la exclusión en la junta de accionistas de septiembre, de manera que así sus acciones quedarían inmovilizadas hasta el final del plazo de aceptación de la oferta y no computarían para medir el grado de aceptación de la puja.
En cualquier caso, esta opción no asegura la permanencia como accionista más allá de la opa, ya que con una aceptación superior al 90% de los derechos de voto a los que fuera dirigida, Barón de Ley podría exigir la venta forzosa de las acciones que escaparan de su control. En este caso, sería el oferente el que tendría que correr con los gastos de corretaje de la operación, lo que haría que fuese más satisfactoria en términos de rendimiento para el accionista.
Compras forzosas
Además, si la aceptación fuese así de elevada, pero la sociedad no quisiera recurrir a esta fórmula, los propios accionistas podrían solicitar la compra forzosa de sus acciones. Algo aplicable especialmente para aquellos que, sin haber votado a favor de la exclusión, tampoco hubieran aceptado la oferta en los plazos establecidos. Eso sí, aquí los costes de corretaje van por cuenta del accionista de turno.
Los registros de la CNMV marcan que, según está configurado el mapa accionarial de Barón de Ley, solo 387.220 acciones de la compañía escapan del control de Mazuelo Holding. Además, otras 4.200 acciones forman la autocartera de la compañía.
De este modo, la oferta reuniría los requisitos para activar las compraventas forzosas si el accionista de control fuese el responsable de formular la oferta o se acogiese a ella o bien si se alcanza la adhesión de 344.718 acciones si es la propia cotizada la responsable última de la operación.