El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal, una norma que busca combatir la evasión y la elusión tributaria a través de un conjunto de medidas con las que se espera ingresar unos 828 millones de euros.
Dos de las líneas de acción más destacadas tienen que ver con la regulación de herramientas tecnológicas que, según el Ejecutivo, son utilizadas para estas 'trampas fiscales'.
De esta manera, el Gobierno pone en el punto de mira al software que utilizan algunas empresa para tener una doble contabilidad y sacar rendimiento fiscal ilícito; y el uso de las criptomonedas. En el primer caso, la tenencia de estos programas informáticos queda terminantemente prohibida y en el segundo se establece un férreo control.
La nueva normativa prohíbe la producción y tenencia de software que permita manipular datos contables y gestión empresarial. Las empresas se arriesgan a multas de hasta 150.000 euros si es que son descubiertas en posesión de estos programas. También obligan a que este tipo de programas cumpla con unos estándares de trazabilidad e inviolabilidad.
En el caso de las criptomonedas, se refuerza el control tributario a personas y entidades, las que tendrán la obligación de informar a Hacienda de la posesión y uso de estos activos.
Ahora se deberán comunicar todas las operaciones –adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos–, así como los saldos de monedas virtuales. También especifica que las declaraciones informativas de bienes en el extranjero, a través del modelo 720 implantado en el 2012, se extiende también a este nuevo tipo de divisa.
Dudas del Gobierno
La aversión del Gobierno español a las criptomonedas se entiende mejor en el actual contexto de estrechez económica. Mientras que se exploran nuevas fórmulas para incrementar el margen recaudatorio de la Agencia Tributaria, las operaciones celebradas en divisas digitales pueden esquivar más fácilmente sus obligaciones fiscales que las realizadas en moneda fiat (tradicional), especialmente si se producen entre particulares.
Por otra parte, la escasa regulación existente respecto de la operativa con criptomonedas tanto en el ámbito nacional como europeo está llevando a las autoridades a adoptar una actitud pasiva en la adopción de estas criptomonedas. Mientras tanto, en otras jurisdicciones, estas se emplean ya como método de pago con las Administraciones públicas.
Del mismo modo, la descentralización de estas monedas también está detrás de muchos de los miedos del Ejecutivo. Aunque esta característica supone una ventaja para algunas de sus utilidades y una autopista para su difusión, se teme que la ausencia de una autoridad de respaldo o supervisión central facilite la proliferación de estafas o transacciones fraudulentas de compleja resolución.
Pero, ¿qué son las criptomomedas? Es un medio digital de intercambio financiero que utiliza criptografía para asegurar las transacciones, controlar la creación de unidades adicionales y verificar la transferencia de activos usando tecnologías de registro distribuido.
El control de cada moneda funciona a través de una base de datos descentralizada, usualmente una cadena de bloques (en inglés, blockchain), que sirve como una base de datos de transacciones financieras públicas. De hecho, existe controversia respecto a que las criptomonedas tienen que ser de control descentralizado o monedas centralizadas por los bancos centrales u otra entidad. Por el momento, funciona al margen de los organismos financieros internacionales.
Tipos de criptomonedas
La primera criptomoneda que empezó a operar fue bitcoin en 2009 y desde entonces han aparecido otras con diferentes características como litecoin, ethereum, bitcoin cash, ripple, dogecoin y otras muchas. Se compran e intercambian entre sí en distintas plataformas que el Gobierno también ha comenzado a regular y que deben estar registradas para prestar servicios de inversión ante algún supervisor comunitario.
Otro de los elementos que se le critica a las criptomonedas es la volatilidad de su valoración. En estos momentos, un bitcoin cotiza a 9.782,06 euros, tras estrenarse en 2015 a poco más de 300 euros. Hace dos años cotizaba a 5.300 euros.
En cualquier caso y ante la imposibilidad de controlar este tipo de monedas virtuales que han nacido al calor de Internet, grandes corporaciones e instituciones quieren subirse al carro de las criptomonedas. Libra, de Facebook, lleva poco más de un año de funcionamiento sin tener el apoyo de prácticamente ningún actor del mercado.
Del mismo modo, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, afirmó ayer que el instituto emisor está considerando muy seriamente el euro digital, si bien ha descartado que vaya a reemplazar al efectivo. De hecho, el Consejo de Gobierno del organismo considerará la posibilidad de lanzar un proyecto de euro digital a mediados de 2021, que comenzaría con una fase de investigación dirigida al desarrollo de un producto mínimo viable.