Llueve sobre mojado sobre Abengoa. Menos de 24 horas después de que el sindicato bancario rechazase una nueva prórroga para llegar a un acuerdo de refinanciación y se haya declarado la segunda mayor quiebra de la historia de España (con 6.000 millones de pasivos) el Comité Ejecutivo de la CNMV, ha comunicado la apertura de un expediente a la compañía por el retraso en la presentación de sus cuentas de 2019.

En su reunión del pasado día 11 de febrero de 2021, la CNMV acordó incoar un expediente administrativo sancionador por infracción muy grave a Abengoa, S.A. así como a los miembros de su Consejo de Administración en el momento de los hechos, por la no remisión a la CNMV y difusión pública, en plazo, del Informe financiero anual individual y consolidado de 2019.

La CNMV recuerda que esta comunicación se ha realizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 313 de la Ley del Mercado de Valores y no prejuzga el resultado final del expediente sancionador en el que los expedientados contarán con todos los medios que el ordenamiento jurídico les confiere para la defensa de sus derechos. "La publicación de este acuerdo se produce una vez notificado a los interesados, conforme a lo dispuesto en el artículo citado", indican.

Según la regulación española una falta de esta gravedad podría acarrear una multa por importe de hasta 300.500 euros, la suspensión en el ejercicio del cargo de administración o dirección que ocupe el infractor en la entidad por plazo no superior a tres años.

Del mismo modo, podría ejercerse la separación del cargo con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en la misma entidad por un plazo no superior a cinco años o la separación del cargo con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de las previstas en el apartado 1 del artículo 84 o en una entidad de crédito por plazo no superior a diez años.

El pasado 12 de febrero Abengoa publicó sus cuentas de 2019 con un año de retraso, aunque lo hizo sin la firma de ningún auditor. La situación fue caótica ya que por la tarde se envió una comunicación a la CNMV indicando que estaba pendiente de recibir los informes correspondientes del auditor de cuentas para hacer públicas las cuentas de ese ejercicio. 

Sin embargo, horas después y sobre las diez de la noche remitió las cuentas a la CNMV sin contar con el visto bueno del auditor, pese a que en un principio afirmó que no lo haría sin ese informe.

Concurso de acreedores

Unas cuentas que eran una de las demandas de los accionistas minoritarios que liderados por Clemente Fernández, que llevan meses pidiendo un cambio en la gestión de la compañía.

Según estas cuentas el patrimonio neto de la sociedad fue negativo ese año por 388 millones para la sociedad individual y de 4.760 millones para el grupo consolidado. Por tanto, ambas sociedades se encuentran desde hace más de un año en causa de disolución. La sociedad individual Abengoa S. A. perdió en 2019 487 millones de euros. El grupo consolidado informó de pérdidas por 549 millones.

El Consejo de Administración de Abengoa ha decidido este lunes acogerse al concurso de acreedores horas después de que la banca acreedora anulara el proceso de reestructuración de su deuda.

Estamos ante el segundo mayor concurso de España, con una deuda cercana a los 6.000 millones de euros (al cierre de 2019 se situaba en 5.989,7 millones), sólo por detrás del de Martinsa Fadesa, que sumó más de 7.100 millones de euros. La compañía emplea a 14.000 trabajadores, 2.500 en España.

"Se ha tomado la decisión de solicitar la declaración de concurso voluntario de Abengoa, S.A. Al concurrir los supuestos de hecho previstos en la legislación concursal y considerando que esta medida es la más adecuada para salvaguardar los intereses de la Sociedad y de todos los acreedores. La solicitud ha sido presentada hoy en el juzgado competente de Sevilla", ha indicado la compañía.

Administrador concursal

"El Consejo de Administración, siendo consciente de la compleja situación y de las, cada vez, mayores dificultades para alcanzar una solución que satisfaga a todos los grupos de interés con posiciones, hasta ahora, enfrentadas, sigue comprometido en buscar alternativas para evitar la inviabilidad de las sociedades filiales que desarrollan la actividad del grupo y, con ello, preservar el empleo y tratar de minimizar la pérdida de valor, objetivo para el cual se solicita a todos aquellos que tienen intereses en la Sociedad y su grupo la máxima colaboración para tratar de evitar perjuicios definitivos", han indicado.

Pese a ello, los miembros del actual consejo han seguido en sus puestos, a la espera de que la Justicia nombre un administrador concursal para que ordene los pagos, reestructure la compañía y realice venta de activos si es necesario.

La decisión se ha tomado para evitar la quiebra de la empresa que afrontará serios problemas de liquidez tras confirmarse que el rescate negociado desde agosto no podrá llevarse a cabo.