Crecen las dificultades para que la opa parcial de IFM Investors sobre el 22,69% de Naturgy prospere. La gasista ha cerrado este jueves en bolsa por encima de los 22,37 euros por acción ofertados por el fondo australiano por primera vez desde que formuló su oferta.
En concreto, las acciones de Naturgy registraron este jueves una revalorización del 0,67%, para remontar hasta los 22,45 euros, su nivel más alto desde finales de febrero de 2020. Un precio un 0,35% por encima de lo ofertado por IFM.
Las acciones de Naturgy habían sido capaces de igualar el precio de la oferta del fondo australiano al cierre de mercado el pasado 13 de julio. Incluso habían superado el importe en cruces intradía, aunque nunca al final de la sesión bursátil.
A finales del pasado mes de enero, IFM presentó su oferta pública voluntaria parcial de adquisición por hasta ese 22,69% de Naturgy, valorándolo en unos 5.000 millones de euros, a un precio de 23 euros por acción, que posteriormente fue ajustado a 22,37 euros por acción tras el abono en marzo del dividendo por la compañía.
Estos niveles a los que el mercado ha puesto la acción de Naturgy se convierte en un obstáculo más en el camino de IFM, ya que con una cotización por encima del precio de su oferta la operación parece estar condenada al fracaso. Según los analistas de Bank of America, el fondo australiano tiene dos opciones: retirar la oferta o incrementarla.
Criteria y el Gobierno
Los títulos de la energética se han revalorizado con fuerza en lo que va de año, con una subida del 18,4% desde los 18,96 euros con que despidió un 2020 marcado por la crisis del Covid-19. Un camino alcista al que también ha contribuido la continuada presión compradora de Criteria Caixa, que ya casi controla un 26% del capital de Naturgy.
Mientras tanto, casi seis meses después del anuncio de la opa, esta sigue pendiente de recibir el visto bueno del Consejo de Ministros. El Gobierno tiene la última palabra debido a la normativa de blindaje sobre inversiones extranjeras en empresas estratégicas españolas aprobado el año pasado en plena pandemia. Gracias a ella, tiene potestad para vetar cualquier inversión que suponga la toma de más de un 10% del capital social.