España estrena una nueva fórmula para teñir de verde su proyectada recuperación económica. Sin embargo, no todos los sectores podrán beneficiarse de esta nueva vía. Los proyectos de ganadería intensiva, minería y energía nuclear de fisión no podrán acceder a los fondos captados a través de bonos verdes soberanos que el Tesoro quiere estrenar en septiembre por muy sostenibles que sean.

Con el objetivo de alcanzar la calificación más alta disponible, el Gobierno de España ha optado por excluir de sus políticas susceptibles de financiación a través de bonos verdes aquellos sectores que más problemas generan a la hora de casarlos con el concepto de sostenibilidad. Y así ha quedado recogido en el 'Marco de Bonos Verdes' difundido este miércoles por el Tesoro Público.

La lista de sectores excluidos incluye, además de los ya mencionados, otras actividades vinculadas con la energía. En concreto, la exploración, investigación y explotación de combustibles fósiles y también todos los sistemas de generación de energía que emitan más de 100 gramos de CO2 por kilovatio-hora. Una cifra más que exigente si se tiene en cuenta que en 2017 la media de la industria española estaba en 287 gramos para este concepto.

Portazo a la minería

Por lo que se refiere a la minería, la decisión supone un golpe más para un sector que languidece en el país. En este capítulo, cabría señalar la contundente oposición que se está encontrando uno de los proyectos más punteros y recientes del sector: la planta de uranio que Berkeley quiere poner en funcionamiento en la localidad salmantina de Retortillo.

Con este no rotundo, el aviso se extiende a otras iniciativas del sector que podrían suponer un factor decisivo hacia la transformación económica y digital de la economía que quiere promover el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Tal podría ser el caso del proyecto para la extracción de cobalto en tierras gallegas.

Cuestión social

El veto de unos bonos verdes con los que el Gobierno espera captar este año hasta 13.600 millones de euros también abarca a otros sectores cuya principal controversia radica más en lo social que en la ecología pura. Se trata de las industrias del alcohol y el tabaco, el sector de los juegos de azar contra el que el ministro Garzón mantiene abierta una -de momento infructuosa- cruzada y la fabricación y contratación de armamento.

Una de las consecuencias del portazo a estos sectores ya se ha consumado. Casi dos meses antes de que lleguen las primeras emisiones de los bonos verdes soberanos españoles, la agencia a la que se ha encomendado su valoración les ha otorgado "la máxima calificación posible" en materia de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza (ASG), según ha adelantado la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Rating y filtros

La existencia de estos filtros desde el origen del proyecto y el detallado protocolo que regirá la emisión y seguimiento de estos bonos ecológicos ya los ha colocado por delante de los de otros países europeos que hasta ahora llevaban la delantera, como Francia, Italia y Reino Unido. Tanto es así que se colocan en el puesto 14 de los 178 países evaluados por Vigeo Eiris, la división especializada de la agencia Moody's, cuyos servicios han sido contratados por el Gobierno.

En este sentido, tal y como adelantó el secretario general del Tesoro Público, Carlos  San Basilio, hace meses, se ha establecido un Grupo de Trabajo para la Estructuración de las Emisiones de Bonos Verdes Soberanos del Reino de España y la Promoción de las Finanzas Sostenibles. A él remitirán cada uno de los ministerios las partidas de su presupuesto susceptibles de financiarse mediante estos títulos de deuda.

El objetivo del organismo será filtrar las propuestas para conseguir la mejor adecuación de los proyectos a la demanda de los inversores más exigentes. Una cuestión clave de cara a un ejercicio 2022 en el que ya se aguarda un incremento de los tipos de los bonos españoles al uso del 80% debido a las dudas sobre la solvencia de la economía española y a la previsible retirada de parte del apoyo del Banco Central Europeo (BCE) del que hasta ahora han venido disfrutando a modo de barra libre las economías de la Eurozona.

Para ello, ni siquiera los sectores señalados como objetivos de financiación a través de los bonos verdes tienen asegurado el recurso a este mecanismo. Y es que el nuevo organismo también velará para que se respeten las condiciones de sostenibilidad señaladas en el momento de su señalamiento y emisión, de manera que el Marco presentado este miércoles abre la posibilidad incluso al relevo de un proyecto por otro en caso de no cumplir los estándares esperables.

Asesores líderes

El objetivo es que en todo momento "se asegure la calidad del gasto asociado" para que así el gasto en el que incurran las arcas públicas vía cupón pueda ser también más llevadero. Un capítulo en el que incluso entran en juego los tribunales, ya que se advierte que se tendrán en cuenta potenciales controversias como las vinculadas a "procesos judiciales instados por causa de un incumplimiento de la normativa en materia de contratación pública".

Para llevar a buen término esta escrupulosa selección, el Gobierno ya ha contratado los servicios de dos expertos en la materia, como ha podido saber Invertia. Tanto el francés Crédit Agricole como el español BBVA han sido seleccionados como asesores para acompañar estos primeros pasos de los bonos verdes, un territorio en el que este último logró coronarse líder del mercado español en pleno azote de la pandemia.