“Todos debemos contribuir a la lucha contra el fraude financiero”, ha subrayado Rodrigo Buenaventura, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Congreso de los Diputados.
Y lo ha hecho, “pensando, por ejemplo en los deportistas y en los organizadores de competiciones deportivas”. En este sentido, Buenaventura ha afirmado que el regulador español incrementará la vigilancia en este ámbito. Analizará, además, la necesidad de una nueva regulación, “para evitar la promoción de entidades no autorizadas de criptodivisas o productos de alto riesgo en eventos deportivos”.
A pesar de estas “diseñadas para financiar a los clubes o las organizaciones deportivas”, ha subrayado, el objetivo de la CNMV es evitar que se “ponga en peligro los ahorros de los seguidores y los aficionados”.
Fraudes
En su intervención, Buenaventura también ha subrayado “la potenciación de las redes sociales como fuentes de información y herramienta de publicidad de productos financieros dirigidos al inversor minorista”.
El presidente de la CNMV ha puesto en poco sobre los “supuestos nuevos líderes de opinión”, es decir, sobre los influencers, asociados a menudo con “campañas de captación de clientes a los que se ofrecen productos financieros complejos, materias primas o criptoactivos”.
En este sentido, Buenaventura ha subrayado la firma, el pasado mes de abril, del Protocolo del Plan de Acción contra el Fraude Financiero (PAFF). Este protocolo une a 19 entidades públicas y privadas y pretende articular medidas que contribuyan a reducir la capacidad de actuación y de expansión de los intentos de fraude financiero.
Desde la CNMV han aportado a los firmantes el acceso a una base de datos en tiempo real para la consulta de todas aquellas entidades que operan sin licencia y sobre las que han hecho pública la correspondiente advertencia.
Criptodivisas
En su discurso ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Buenaventura también ha hecho una valoración de la puesta en marcha de la Circular de publicidad de criptoactivos como objeto de inversión.
Desde su entrada en vigor el pasado febrero, la CNMV ha analizado en profundidad 58 casos, de los que 40 se han iniciado a petición de las propias entidades ante el lanzamiento de campañas publicitarias masivas. Ello ha supuesto la revisión de más de 411 piezas publicitarias.
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Buenaventura ha querido poner en valor que España es “el único país del mundo que obliga a los anunciantes de estos activos a incluir una advertencia explícita en toda publicidad de criptomonedas”. Esa advertencia señala que “la inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido”.
En el contexto de las últimas caídas registradas por los activos digitales, Buenaventura ha apuntad que el valor a escala mundial de 1 billón de dólares aunque “parece mucho dinero, en realidad no lo es tanto”. “No llega al 1% de la capitalización total que tenían las bolsas mundiales a cierre de 2021.
Por ello, ha considerado que “si colapsase el mercado de criptomonedas la pérdida de riqueza financiera instantánea para los inversores sería muy parecida a una mala jornada en bolsa mundial”. Por ello, el presidente de la CNMV discrepa del efecto sistémico que tendría el hundimiento de este mercado.
“La clave es que a diferencia de otras burbujas, estos activos no parecen formar una parte sustancial de las carteras institucionales ni del activo de los fondos de inversión, las entidades financieras o de seguros”, ha explicado. A pesar de ello, no ha descartado que “en unos pocos meses o años” las criptodivisas supongan realmente un riesgo sistémico.
CFD
Más allá de las criptodivisas, otra tendencia relevante en el mercado español es el ofrecimiento a los inversores de productos derivados liquidables por diferencias, como los denominados CFD. Se trata en muchos casos entidades autorizadas europeas, la gran mayoría chipriotas, que llevan a cabo técnicas de comercialización agresiva.
“Lo hemos puesto en conocimiento del supervisor de origen y hemos conseguido interrumpir la actividad de 7 entidades de este tipo en 2021”, ha asegurado Buenaventura. En su opinión, “la solución a esto pasa por modificar la normativa europea MiFID para reforzar la supervisión en los países de origen y la información a los de destino”.
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Mientras eso sucede, el regulador español ha vuelto a poner sobre la mesa su propósito de hacer una consulta pública sobre la posibilidad de restringir o prohibir en España, por parte de entidades españolas o comunitarias, la comercialización a minoristas de este tipo de productos, en línea de lo que ya se ha hecho en Bélgica o Francia.