Si los pagos se mantuviesen al mismo ritmo, el retorno de los algo más de 20.000 millones que el Estado todavía no ha recuperado del rescate a Bankia tardaría casi 70 años.

Fue en 2012 cuando el Estado tuvo que desembolsar 22.424 millones de euros para rescatar Bankia, a los que se unieron otros 1,645 millones de euros correspondientes a Banco Mare Nostrum (BMN), con lo que el total inyectado de forma agregada fueron 24.069 millones de euros.

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En concepto de dividendos el Estado ha recuperado unos 1.700 millones de euros, primero como accionista de Bankia y después como inversor de CaixaBank.

Así, y después de que Bankia no repartiese dividendos en los dos años posteriores a su rescate, el FROB percibió unos 128 millones a través de este concepto en 2014; 195 millones en 2015; 211 en 2016; 208 en 2017; 29 en 2018; 218 en 2019 y 220 en 2020.

Tras la fusión entre ambos bancos y como accionista de CaixaBank, el Fondo percibió 35 millones en 2021 y 190 en 2022, a los que se suman los 300 millones de este ejercicio.

Además de a través del reparto de dividendo, el FROB ha ingresado 3.083 millones de euros por las ventas del 7,5% de la entidad en febrero de 2014 (1.304 millones de euros) y del 7% en diciembre de 2017 (818 millones de euros).

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Hay que recordar que, la participación del FROB en Bankia se inició con la adquisición, a través de BFA, del 68,69% del banco. Tras la fusión por absorción por CaixaBank, el Fondo obtuvo una participación de 16,12% en el capital de CaixaBank.

Asimismo, y después de la finalización del programa de recompra de acciones y la reducción de capital aprobada el pasado diciembre por CaixaBank, esta participación se sitúa aproximadamente en el 17,3%.

Ventas

Tras las caídas anuales registradas en los años anteriores, las acciones de CaixaBank subieron un 14,9% en 2021 y un 52% en 2022. En este 2023 su valor en el mercado se reduce un 6%, afectada por las turbulencias que en marzo azotaron al sector tanto en Estados Unidos como en Europa.

Así, y teniendo en cuenta el precio al que cerraron las acciones de CaixaBank la sesión del martes, el paquete de acciones de la entidad en manos del Estado tiene un valor de 4.477,6 millones de euros. Por tanto, si el Gobierno decidiera ahora mismo deshacer su inversión no se recuperarían cerca de 13.700 millones de euros. Sin embargo, la presencia pública en el accionariado de CaixaBank no tiene visos de remitir.

A finales de 2022 aprobó ampliar dos años más el plazo de desinversión del Estado en la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri, lo que supuso prorrogar hasta diciembre de 2025 la fecha límite para la venta de la participación que mantiene.

El Gobierno explicó entonces que la ampliación persigue asegurar una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, maximizando el valor de recuperación de la participación del Estado y respondiendo así "al objetivo último de proteger el interés general".

Mejora del dividendo

En cualquier caso, el pago de dividendo que CaixaBank ejecuta este miércoles, de 0,2306 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2022, supone un incremento del 58% respecto al desembolso del año anterior, cuando la entidad distribuyó 0,1463 euros.

La retribución equivale, además, a un 55% de los beneficios de 2022 lo que está en línea con la política aprobada para este año de distribuir un pay out de entre el 50% y el 60%.

CaixaBank tuvo un beneficio neto atribuido de 3.145 millones de euros el pasado ejercicio, un 29,7% más que en 2021, teniendo como base perímetros homogéneos. Si se tiene en cuenta los impactos contables extraordinarios por la fusión con Bankia, sin embargo, el resultado bajó un 39,8%.

La política de dividendo de 2023 será la misma que la aplicada en 2022, con una distribución en efectivo de entre el 50% y el 60% del beneficio neto consolidado, que se abonará en un único pago en abril de 2024.