Las primeras llegaron de la mano de Felipe González en la década de los 80. Por aquel entonces, España tenía más de 130 empresas públicas estatales con participación directa, de las cuales fueron privatizadas dos terceras partes con unos ingresos para las arcas del Estado de más de 13.000 millones de euros.

Una oleada mayor en volumen, que no en número, le siguió con el Gobierno de Aznar con unos ingresos superiores a los 30.000 millones de euros. Repsol, Endesa, Argentaria, Tabacalera o Gas Natural, y como no, Telefónica fueron exponentes de esa tentación que provocaba el deshacerse de los viejos monopolios.

Zapatero se negó en público a lo que quiso hacer en privado y Rajoy no tuvo la valentía de hacer lo comprometido en su programa electoral. Pero también contemplaron con deseo hacer uso de esa fuente de ingresos.

Pedro Sánchez representa la negación de cuatro décadas de impulso “liberalizador”, y su mayoría progresista se resume en el mayor intervencionismo público jamás visto en nuestra democracia.

Pedro Sánchez representa la negación de cuatro décadas de impulso “liberalizador”

No solo han sido unas injerencias públicas constantes que han atentado contra el libre mercado sino el afán de control de ciertos sectores sensibles para su concepción nepotista de la economía.

El caso es que las administraciones han seguido estando presentes en el capital de empresas cotizadas. No es el 16,6% que ostentaba el Estado en 1992 pero hoy controla alrededor de un 3% de la propiedad pública de estas compañías.

Lo llamativo son los sectores donde se desarrolla este control. En el sector energético cuenta con intereses en Enagás o REE, garantes del transporte energético y almacenamiento de gas. Indra le permite tener acceso a información crítica sobre fronteras y movimientos de personas por tierra, mar y aire, incluido el transporte público, además de ser la compañía encargada del desarrollo del sistema de voto en unas elecciones nacionales.

Le faltan dos cosas. Caídas las cajas, un gobierno progresista necesita de una presencia en el sector financiero que se plasma en el 17% que ostenta en Caixabank.

Pero lo realmente importante es tener acceso a la información. Telefónica representa mucho en ese esquema de control que dibuja un Estado paternalista. Por si alguien tenía dudas, la actual ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, aseguró recientemente que “Telefónica es la empresa más estratégica de España”. Fuera una respuesta al movimiento de STC Group, que recientemente adquirió un 9,9% del capital, o una aspiración nacionalista, la realidad es que treinta años después Telefónica ha sido nacionalizada.

Porque esto es un hecho consumado que no se puede negar. Si atendemos a la distribución de pesos mayoritaria, BBVA y Caixabank controlan casi un 10%, al que habría que sumar el peso árabe, cuya intención es una incógnita, y el 10% del propio Estado. En total un tercio del capital, el suficiente para evitar una OPA hostil y el necesario para ejercer un control absoluto de las operaciones ya que con ese porcentaje el consejo pasa a estar asegurado.

Sabemos que financieramente la operación es cuestionable y desde un punto de vista inversor un desastre. Lo que no se puede ocultar es que el Estado ya ostenta el mismo porcentaje que tuvo treinta años antes con un objetivo, ampliar sus redes de control sobre la ciudadanía. España es hoy más pobre en libertades de lo que ha sido nunca en la democracia española.