Así, AEMEC "recurrirá cualquier decisión del Consejo de Ministros, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de la Junta de Inversiones Exteriores que impida a los accionistas ejercer su legítimo derecho de venta en un proceso de oferta y que no se ajuste a la Ley o que resulte arbitrario/injusto u obedezca a razones políticas o ideológicas".

Consideran que "el proceso de tramitación de la opa en curso es altamente irregular y está políticamente intervenido". En este sentido, los accionistas minoritarios de Talgo recuerdan que "las decisiones de las Administraciones públicas no pueden resultar arbitrarias, tal como establece la propia Constitución Española".

Para AEMEC, el Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, permite la suspensión del régimen de liberalización cuando las inversiones afecten a la salud, seguridad y orden público.

Pero, según denuncian, "el objeto social de Talgo nada tiene que ver con las anteriores materias", por lo que creen que "el procedimiento de autorización iniciado por el Gobierno no se ajusta a la Ley, pues no se dan los supuestos legalmente establecidos para la suspensión de la opa".

"Irregularidades detectadas"

Por otro lado, la Asociación ha explicado que "como resultado de las irregularidades detectadas", impugnará la normativa que permite la suspensión de inversiones extranjeras.

En la AEMEC entienden que "esta normativa -que tenía sentido en la época de la pandemia y que ha perdido su razón de ser- supone un grave perjuicio a los accionistas de sociedades cotizadas al ver limitada su posibilidad de acudir a una oferta pública para vender sus acciones".

La Asociación está valorando recurrir la citada normativa no sólo ante los tribunales españoles, sino también ante la jurisdicción comunitaria.

Con estas medidas AEMEC quiere defender "los derechos de los más de 8.000 accionistas de Talgo que se encuentran en una situación de evidente indefensión ante la limitación de una oferta voluntaria efectuada por un grupo empresarial de la Unión Europea e iniciará las acciones que correspondan [...] para resarcir los daños que se produzcan a los accionistas".

"Los accionistas de Talgo defienden su derecho a vender o no vender en una opa, sin que se conculquen sus derechos. En el interés social de la compañía, la única oferta real existente debe ser valorada por los inversores", subrayan.