Dos hermanos sudafricanos podrían ser los responsables de la mayor estafa hasta la fecha urdida con el reclamo del bitcoin. Ameer y Raees Cajee se encuentran en paradero desconocido y quienes habían depositado ahorros en su empresa, Africrypt, son incapaces de acceder a su dinero. En total, 69.000 bitcoins equivalentes a algo más de 3.000 millones de euros al cambio y procedentes de varios miles de inversores.

Estos detalles de la supuesta estafa los aporta el medio local Independent Online, del que luego se han hecho eco multitud de publicaciones, especialmente, aquellas más relacionadas con el universo de las criptomonedas. Lo que al principio se justificó como un jaqueo cuyo alcance era difícil de delimitar, comienza a tomar visos de timo a gran escala.

El temor de algunos inversores de Africrypt se desató cuando a mediados del pasado abril muchos usuarios de la plataforma se vieron sin manera de acceder a sus ahorros. Entonces, los hermanos Cajee salieron solícitos a explicar que todo se debía a una "reciente brecha [de seguridad]" que había dejado expuestas las carteras de algunos clientes, aunque sin definir el alcance último de este suceso, según explica el portal sudafricano especializado en tecnología ITWeb.

Sin respuesta

Los últimos mensajes de los hermanos se remontan al 13 de abril. En una de sus últimas comunicaciones incluso solicitaron a sus clientes e inversores que se abstuvieran de acudir a sus abogados. "Es comprensible que los clientes puedan proceder por la vía legal, pero les pedimos que, por favor, reconozcan que eso solo retrasará el proceso de recuperación", se defendían.

Solo unos días después, los jóvenes de 20 y 18 años -incluso 17 según algunas informaciones- dejaron de responder a los cientos de afectados por el supuesto jaqueo de Africrypt. Ahora, se les da en paradero desconocido, ya que ha sido imposible establecer con ellos ningún tipo de contacto, ni siquiera mediante requerimiento judicial, según testimonios recogidos por varios portales del país africano.

Abogados especializados

Un grupo de inversores delegó su representación en el despacho Hanekom Attorneys, que sumó suficiente masa como para solicitar el inicio de un proceso de liquidación provisional para intentar recuperar el dinero de sus clientes. La firma legal, radicada en Ciudad del Cabo y que cuenta con varias unidades de abogados especializados en criptoactivos, terminó determinando que los bitcoins habrían sido transferidos en su totalidad desde las carteras digitales de la plataforma pasando por un mezclador de la dark web para dificultar extremadamente su rastreo.

Desde el despacho de abogados se apunta hacia otro factor más que conduce hacia sus sospechas de estafa. La dirección de entrega para la dispersión de los fondos perdidos por los inversores de Africrypt era la misma que la plataforma había usado anteriormente para sus operaciones corrientes, según denuncian desde Hanekom Attorneys.

Por si fuera poco, los abogados también denuncian que trabajadores de Africrypt que en muchos casos también eran inversores se han quedado sin acceso a la consulta de datos y saldos de clientes. Una consecuencia que los hermanos fundadores atribuyeron al jaqueo antes de desaparecer sin dejar, por ahora, rastro alguno.

Si bien, a diferencia de otras estafas con criptomonedas en las que estos activos se usaban únicamente como reclamo pero nunca se llegaban a producir inversiones, esta vez los supuestos estafados sí contaban con posiciones reales en bitcoins. La cuestión es que no existe ninguna regulación internacional ni en Sudáfrica que respalde los fondos invertidos en criptomonedas.

Inversores sin protección

Como ocurre también en España y en la mayoría de países europeos, las criptomonedas no tienen ni siquiera el reconocimiento de activo financiero, por lo que la normativa es escasa y los inversores se quedan sin protección ante sucesos como este, tal y como ha reiterado en sucesivas ocasiones el Banco de España. Algo que, sin embargo, no impide la presentación de las denuncias pertinentes por apropiación de patrimonio, estafa o el delito que corresponda en cada caso.

En este sentido, conviene recordar que la estafa de Arbistar en España está siendo investigada por la Audiencia Nacional. En este caso, se estima que la afectación por la supuesta estafa urdida desde Canarias habría afectado a más de 32.000 personas y haber supuesto la desaparición de cerca de 100 millones de euros.