Klaas Knot, presidente del Banco Central de Holanda . Europa Press
El G20 propone una regulación internacional de las criptomonedas similar a la del resto de activos financieros
Muchos de ellos, como Terra y su token Luna, no cumplirían la regulación propuesta por el grupo.
El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por sus siglas en inglés), que integra a los países del G20, propone una regulación internacional de los criptoactivos similar a la de los activos financieros tradicionales, como son las acciones o los bonos. El órgano ha señalado, además, que la normativa debe ser “proporcional a los riesgos que plantean”.
Así lo ha expresado su presidente, el holandés Klaas Knot, a través de una carta, en la que dice a los ministros de Finanzas y a los gobernadores de los bancos centrales del G20 que "un marco regulador efectivo debe asegurar que las actividades de los criptoactivos estén sujetas a una amplia regulación".
Esta debe asegurar que los criptoactivos e intermediarios que tengan una función económica equivalente a los de instrumentos e intermediarios de las finanzas tradicionales estén regulados de una forma similar, bajo el principio de "igual actividad, igual riesgo, igual regulación".
No están regulados
A diferencia de productos financieros tradicionales, las 'criptos' se pueden transferir y mantener sin la intervención de los habituales intermediarios, como los bancos, y sin que ningún administrador central tenga una visibilidad completa de las transacciones realizadas, originándose nuevos intermediarios y proveedores de servicios, muchos de los cuales actualmente no están regulados.
Esta nueva normativa, recoge la agencia Efe, no la cumplirían muchas stablecoins -criptomonedas estables-, incluida Terra y su token Luna. Este ecosistema colapsó a mediados de mayo tras ventas masivas y una retirada importante de capital después de que su moneda estable UST, vinculada al dólar, perdiera la paridad con el ‘billete verde’ ante la inminente subida de los tipos de interés de la Reserva Federal.
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En su carta, el FSB añade que "los criptoactivos y los mercados deben estar sujetos a una regulación efectiva" porque crecen rápidamente y puede llegar un momento en el que representen una amenaza para la estabilidad financiera global debido a su tamaño, sus problemas estructurales y sus conexiones con el sistema financiero tradicional. Por ello, advierte, son necesarias respuestas políticas a tiempo.
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La petición ha tenido lugar a las puertas de que los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20 se reúnen en Washington el 13 y el 14 de octubre.
En la cita, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentará el nuevo Marco de Informes de Criptoactivos (CARF) para su discusión como parte del último Informe Fiscal del secretario general del think tank de los países desarrollados, Mathias Cormann.
El CARF contiene reglas modelo que se pueden transponer a la legislación nacional y comentarios para ayudar a las administraciones con la implementación, ha explicado la OCDE.
La organización avanzará en el trabajo sobre los instrumentos legales y operativos para facilitar el intercambio internacional de información recopilada sobre la base del CARF y para garantizar su implementación efectiva y generalizada, tal y como ha informado Europa Press.
MiCA
El FSB, que quiere que se regulen los mercados de criptoactivos por los riesgos de contagio a las finanzas tradicionales, sobre todo a los mercados de financiación a corto plazo, ha considerado que la propuesta de regulación de la Unión Europea (UE), que se conoce como MiCA (Markets in Crypto-assets), es un paso importante y un cambio en el paisaje regulador.
Esta normativa también considera necesaria la proporcionalidad y prevé un tratamiento especial para las monedas digitales estables. También obliga a las plataformas de compra y venta de criptoactivos a advertir expresamente a los consumidores sobre el riesgo de sufrir pérdidas.
Además, todas aquellas empresas que ofrezcan servicios con criptoactivos necesitarán una autorización para operar dentro de la UE. Las autoridades nacionales estarán obligadas a expedir las autorizaciones en un plazo de tres meses.
