El empresario Álvaro Romillo, junto a sus abogados, en la Audiencia Nacional.
Hacienda pide documentación a los inversores perjudicados por la supuesta 'cripto-estafa' que promocionó Alvise
La AEAT quiere saber qué 'wallets' poseen cientos de inversores de Madeira Invest Club, que podrían acabar investigados fiscalmente.
Más información: Una víctima del 'chiringuito financiero' que promocionó Alvise invirtió 4,5 millones y otra es directivo del Ibex
La Agencia Tributaria (AEAT) ha comenzado a requerir documentación a los denunciantes del caso Madeira. En esta causa judicial, instruida por la Audiencia Nacional, se investiga la supuesta estafa que sufrieron decenas de inversores por parte de Madeira Invest Club (MIC), el entramado empresarial propiedad de Álvaro Romillo.
Este último, conocido por el alias de CryptoSpain, es el mismo que admitió ante la Fiscalía haber pagado 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez. ¿A cambio de qué? De que el político promocionara y defendiera el MIC desde la Eurocámara. Y de que participase, antes de obtener su escaño, en un evento de promoción del grupo empresarial.
En efecto, en abril de 2024, Pérez, micrófono en mano, desde un escenario instalado en el hipódromo de La Zarzuela (Madrid), ensalzó la economía cripto como antítesis del control estatal y de la regulación de los mercados.
Ahora, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, la AEAT ha comenzado a requerir información tributaria a decenas de personas que figuran como perjudicados en la causa judicial contra Romillo. Por el momento, no están formalmente investigados. Hacienda tan sólo les ha hecho llegar un requerimiento de documentación, que deberán cumplimentar. Pero, si se detectan irregularidades, sí podrían acabar estándolo.
La Agencia Tributaria les da diez días para aportar, por ejemplo, los "contratos suscritos con Álvaro Romillo/CryptoSpain". En caso de haberlos firmado a través de una empresa, española o extranjera, les pide identificarla.
También solicita saber las vías de contacto (e-mail, teléfonos, direcciones presenciales...) a través de las que se produjo la relación comercial y las personas que participaron en ella. Les pregunta si los pagos se produjeron a través de cuenta bancaria, en efectivo o mediante criptoactivos. Y les exige identificar las wallets (billeteras virtuales para criptomonedas) de las que sean titulares.
Asimismo, la Agencia Tributaria pregunta a los inversores si han tenido relación con EluLegal España SL, una empresa, que formaba parte del MIC, especializada en evasión fiscal.
Esta actuación de Hacienda se produce, además, cuando el Ministerio ha intensificado su interés por controlar la economía de las criptodivisas.
Por otro lado, en 2023, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya advertía sobre Madeira Invest Club. Es decir, la CNMV avisó de este chiringuito financiero —con este término lo definió— un año antes de que Alvise lo promocionara públicamente.
Ya en 2024, cuando se produjo el cierre por sorpresa del MIC, decenas de inversores que habían confiado su dinero al conglomerado denunciaron ante la Audiencia Nacional a Romillo y a las empresas que lo conformaban. Así se inició el caso Madeira.
Alvise y Madeira
A finales del año pasado, el propio Romillo desveló ante la Fiscalía que entregó 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez para financiar su campaña a las elecciones europeas. El 9-J, el partido del agitador, Se Acabó La Fiesta (SALF), obtuvo tres escaños en Bruselas.
Decenas de chats entre Alvise y CryptoSpain, en manos del Ministerio Fiscal y en poder de este periódico, mencionan la entrega de dinero. En ellos se aprecia que, tanto antes como después de convertirse en eurodiputado, Pérez prometía a su financiador que haría "lobby masivo" en favor de sus empresas.
Tras conocerse la existencia de esas conversaciones, Luis Pérez (nombre real de Alvise) confirmó que había cobrado ese dinero. Lo admitió a través de un vídeo publicado en sus redes sociales. Pero los atribuyó a unos "honorarios" por unos supuestos "servicios cobrados sin factura". De hecho, animó a sus seguidores a evitar el pago de impuestos. "Hacienda es una mafia", manifestó.
Ahora bien, el cobro de este dinero podría constituir un delito de financiación ilegal de partidos. De hecho, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Madeira derivó este asunto al Supremo. Este tribunal es el único que podría encausar a Pérez, ya que es eurodiputado y está, por tanto, aforado.
Los inversores que denunciaron a Romillo tienen un perfil variado. Algunos invirtieron sólo unos pocos miles de euros. Otros, bastante más. Tal y como desveló EL ESPAÑOL, un joven confió al MIC nada menos que 4,5 millones de euros de su patrimonio. Otro inversor afectado es un directivo de una importante empresa del Ibex 35.
