"Dado un marco legal y regulatorio con aplicabilidad parcialmente incierta, Finma publica hoy una serie de pautas en las que se establece cómo pretende tratar las consultas de los organizadores de recaudaciones de fondos basada en blockchain para fines empresariales", ha apuntado, a la vez que subraya la importancia de ofrecer transparencia en un contexto de alta demanda.

Actualmente no existe una regulación específica sobre las ICOs, ni una jurisprudencia relevante ni doctrina legal coherente. Además, el Finma considera que una sola regulación no puede ser aplicable a todas las ofertas de monedas, sino que dependerá de la forma en que éstas estén diseñadas.

En este sentido, Finma ha establecido tres categorías de tokens (unidades fundamentadas en blockchain) basadas en la función económica y el propósito de cada uno: tokens de pago, que funcionan como un medio de pago y no está enlazado a ningún proyecto; tokens de utilidad, destinados a proporcionar un acceso digital a una aplicación o servicio; y tokens de activos, que representan un activo tal como una acción, un bono o derivados.

Así, los tokens de pago deberán cumplir con las normas contra el blanqueo de dinero, mientras que no se tratarán como valores. Las ICOs de utilidad no se calificarán como valores en caso de conferir derechos de acceso digital, a excepción de que funcionen única o parcialmente como una inversión en términos económicos. Por último, las ICOs de activos se considerarán valores, por lo que deberán someterse a los requisitos de la ley de valores y de derecho civil.

Según ha explicado el Finma, la ley contra el blanqueo de dinero establece, entre otros requisitos, la necesidad de identificar a los beneficiarios, para proteger al sistema de delitos de 'lavado' y financiación del terrorismo, riesgos especialmente altos en un comercio descentralizado basado en tecnología de bloques en el que los activos se pueden transferir de forma anónima y sin intermediarios.

De su lado, la regulación de los mercados de valores tiene por objetivo garantizar que los participantes en el mercado puedan basar sus decisiones sobre inversión en un conjunto mínimo de información confiable. "El comercio debe ser justo, de confianza y ofrecer una formación de precios eficiente", ha aseverado el supervisor suizo.