Así lo ha acordado este órgano, reunido este jueves en pleno extraordinario en Granada, con motivo de las VII Jornadas de Juntas de Gobierno.

En una nota de prensa, la Abogacía ha considerado que el acuerdo de 25 de mayo de 2017 del CGPJ "infringe el ordenamiento jurídico y comportará graves problemas sociales". Esta medida agrava, en su opinión, "el problema que trata de solucionar, puesto que muchos de los juzgados designados carecen de capacidad para absorber las demandas que se concentren como consecuencia de este acuerdo, con lo cual los ciudadanos no podrán resolver sus conflictos en un tiempo razonable".

"Incomprensiblemente, la medida se ha adoptado sin la necesaria dotación de medios ni presupuesto por parte del Estado y las CCAA con competencias transferidas, lo que provocará graves disfunciones", ha afirmado la Abogacía que ha subrayado que, "además de colapsar los juzgados designados, se desaprovecha la potencialidad de juzgados de partido con capacidad para asumir estos asuntos".

En este sentido, "la medida conculca el principio de juez predeterminado por la ley y quiebra el principio de igualdad de partes en perjuicio del consumidor, alejando además la justicia de la ciudadanía".

Por todo ello, el Consejo General de la Abogacía Española ha exigido mantener la competencia residenciada en los juzgados de partido judicial, sin perjuicio de las medidas de especialización y refuerzo en las demarcaciones en que fueran convenientes y, en todo caso, con la consiguiente dotación presupuestaria.

La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, realizará las gestiones oportunas con las instituciones competentes para alcanzar una pronta solución del problema.

En este contexto, los miembros de las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados de toda España se han concentrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, donde celebran sus jornadas, para mostrar su disconformidad y rechazo al plan del CGPJ, como ya hiciera el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados hace unos días a través de un comunicado en el que calificaba esta decisión de "muy desacertada y descabellada".