Las demandantes son Fianzas y Crédito, sociedad intervenida y representada por el Consorcio de Compensación de Seguros, y la inmobiliaria Urbanizaciones y Construcciones Andaluzas (Urcansa), que han unido sus fuerzas para que la entidad financiera restituya el quebranto por la suspensión de pagos de Inversión Hogar.

Los hechos se remontan a 1992, cuando el banco firmó un contrato-convenio con Inversión Hogar (IHSA), constructora en suspensión de pagos "provocada" por el banco, según dictaminó en su día la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Posteriores sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid y de la Sala Primera del Tribunal Supremo concluyeron la nulidad de dicho contrato, pero otras peripecias judiciales llevaron a un "incremento improcedente", según los demandantes, del crédito del Santander desde 390 millones de pesetas (2,34 millones de euros) a 1.019 millones de pesetas (6,12 millones de euros).

Los demandantes aseguran que dicho convenio fue impuesto por el Santander a Inversión Hogar "bajo la amenaza de abocarla a la quiebra, amenaza creíble pues anteriormente había provocado ya la suspensión de pagos".

Por este contrato, y para hacer frente a la deuda de 1.019 millones de pesetas, Inversión Hogar pactó transmitir unos inmuebles en las localidades andaluzas de Mijas, Manilva, Mairena de Aljarafe y Alcalá de Guadaíra al banco a cambio de que le pagase 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros).

Una de esas fincas, la de Mijas, la vendió el Santander un día antes de que se publicara en el BOE su expropiación forzosa para la construcción de la autovía Estepona-Málaga.

También estipulaba que el Santander se quedaría con las deudas de los clientes de la constructora y abonaría otros 189 millones de pesetas (1,13 millones de euros) a la filial Atlantic Village Ltd.

En el documento, se precisaba que el banco concedería una opción de compra a Inversión Hogar sobre estos inmuebles, que acabaría un año y medio después de su transmisión, y que había un compromiso, por parte del banco, para conceder un préstamo por 614 millones de pesetas (3,69 millones de euros) para que IHSA construyese viviendas, locales comerciales y garajes en Gibraltar.

En 2001 hubo una demanda civil que pidió la resolución del contrato de 1992, para obtener financiación con la que salvar la suspensión de pagos declarada por el Juzgado de Primera Instancia número 20 de Madrid.

Pero, según los demandantes, el banco no tuvo nunca "ni la más mínima intención de cumplir con sus obligaciones", como se demuestra con el hecho de haberse quedado con las cuatro fincas, valoradas en más de 12.000 millones de pesetas (72 millones de euros) y no haber concedido el préstamo de 614 millones de pesetas (3,6 millones de euros).

El banco alegó en su defensa que el contrato era para cancelar un tercio de la deuda y que la sociedad, a su juicio, había incumplido sus compromisos.

En 2006, el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Madrid falló a favor de la constructora y consideró que el Santander se hizo con la propiedad de los inmuebles "sin seguir el procedimiento ordinario" , ya que "el acreedor no puede apropiarse de las cosas dadas en prenda o hipoteca, ni disponer de ellas".

Asimismo, recriminaba la "escasa, por no decir nula, colaboración" de la entidad financiera para reflotar Inversión Hogar, ya que "se limitó a cobrar los 300 millones de pesetas (de su deuda) para, posteriormente, creyéndose propietario de los inmuebles, sin limitación alguna, proceder su venta a terceros".

Por todo ello, condenaba al banco a pagar más de 74,7 millones de euros a Inversión Hogar, a la que debía devolver 72,9 millones de euros, como valor de cuatro fincas que le había entregado, y, otros 1,8 millones en concepto de resolución del acuerdo, así como los intereses legales desde 1997.

El Santander recurrió el fallo, y el próximo 11 de septiembre ambas partes volverán a verse las caras ante el juzgado de Primera Instancia número 20 de Madrid, el mismo que hace 25 años se ocupó de la suspensión de pagos. EFECOM

eyp/mbr/prb