La sentencia condena a la entidad a devolver los gastos de notaría, gestoría, registro y los impuestos de actos jurídicos documentados, que hasta ahora no habían sido considerados nulos por la justicia.
Según ha informado el bufete jurídico Salmerón, que se ha encargado del asunto, esta sentencia "generará jurisprudencia para todos los juzgados de primera instancia" y tendrá efecto sobre todos los afectados que tuvieron que abonar al banco los gastos de formalización de las escrituras de préstamo de forma "abusiva", incluido el impuesto de AJD.
Este último impuesto normalmente representa más del 70 % del importe a abonar por el hipotecado a la entidad bancaria.
El despacho Salmerón representaba a un cliente afectado por esta cláusula y que ahora reingresará una suma de casi 4.000 por parte del banco condenado.
Para este bufete, la devolución de estos gastos tiene una mayor repercusión económica que las realizadas por las cláusulas suelo, ya que estos gastos hipotecarios afectan "a casi la totalidad de las entidades financieras y a millones de afectados en España".