En una proposición no de ley que se debatirá el próximo martes en el Peno del Congreso y cuyo contenido recoge Europa Press, los 'populares' instan a establecer una nueva regulación que refuerce la protección de los usuarios de servicios financieros prestados por entidades no supervisadas por ningún organismo oficial.

El objeto de esta regulación, advierten en la iniciativa, pasa por "evitar que se produzcan situaciones abusivas o de usura como consecuencia de la propia necesidad del prestatario en la solicitud de este tipo de servicios". La regulación, eso sí, deberá , respetar "el principio de libertad de empresa".

LA LEY DE USURA SE REMONTA A 1908

El PP reconoce el valor de estos préstamos privados, pues creen que "ofrecen un servicio útil", ya que conceden créditos a personas que no tienen acceso a otro tipo de financiación y que, de no existir, "forzarían a mucha gente a recurrir a otro tipo de prestamistas ilegales". En todo caso, también advierten que estas personas acuden a ellas "en una situación angustiosa" que "le hace aceptar condiciones desproporcionadas".

Los 'populares' señalan que la Ley de la Usura o 'Ley Azcárate', por la cual se considera nulo todo contrato de préstamo que estipule un interés animalmente superior al normal o desproporcionado con las circunstancias del caso, data de 1908.

"Sin embargo", reseñan, "esta ley no establece un tipo de interés por encima del cual, el interés aplicado a un contrato de préstamo se pueda considerar abusivo, y es el propio Tribunal Supremo quien va sentado doctrina al respecto", concluyen los 'populares'.