Así lo dispone el Código Penal, que en su artículo 248 enmarca estos hechos dentro del delito de estafa al emplear el cliente el engaño con ánimo de lucro, y establece penas de entre seis meses y tres años de prisión según el importe defraudado y el quebranto económico causado.

En opinión de la socia fundadora del bufete Pelegrí Abogados, Amor Pelegrí, estos estafadores "tienen una visión equivocada de lo que significa cometer fraude contra una compañía de seguros" ya que ignoran que van a recibir el mismo tratamiento en los tribunales que el resto de causas.

Según el último Mapa del Fraude en España elaborado por Axa, seis de cada diez falsos siniestros se producen en el ramo de automóvil, siendo el más frecuente el de asegurados con pólizas a terceros que aprovechan para incorporar daños anteriores en su vehículo.

Aunque es el ramo de los Multirriesgos (hogar, comercio y oficinas, y comunidades), que en apenas cuatro años ha pasado de representar el 24 % del total al 32 %, en el que reparan los despachos de abogados por su fuerte crecimiento y por ofrecer la posibilidad de mayor creatividad en situaciones que van desde los fraudes por daños eléctricos a los derivados por tormentas o robo.

Pero también en el de Vida, en el que Axa detectó fraudes por importe de 6,3 millones en 2016, año en el que el Tribunal Supremo ratificó la condena de tres años y medio de cárcel para un conductor que simuló la pérdida de su mano derecha en un accidente de tráfico.

La sala de lo Penal aplicó entonces el artículo 250 -que reconoce penas de entre uno y seis años de cárcel a estas "grandes estafas" que superan los 50.000 euros- al considerar probado que éste, tras protegerse la herida con un torniquete, dejó caer su coche por un terraplén sobre un huerto de naranjos.

A continuación, colocó la mano que se había amputado a los pies del asiento delantero, prendió fuego al vehículo y llamó a los servicios de emergencias, a los que esperó recostado sobre el terraplén "fumándose un cigarro".

Hechos por los que el alto tribunal también acordó la devolución de los 335.000 euros de indemnización percibidos por el hombre, que habría simulado los riesgos de varias pólizas para hacer frente a problemas por los que finalmente su vivienda fue embargada.

Cada vez son más los países que se ven obligados a endurecer las respuestas a estas conductas, como ha sucedido en Francia, donde el Tribunal Correccional de Versalles recientemente condenó a dos años de cárcel a una falsa víctima de los atentados de la sala Bataclan.

También en el Reino Unido, que ha comenzado a aplicar medidas contra las falsas reclamaciones por enfermedad de sus conciudadanos durante sus vacaciones en el extranjero, un timo por el que la Policía Nacional ya ha identificado a cerca de 800 turistas británicos en el marco de una operación que dirige un juzgado de Palma de Mallorca.

Ejemplos ambos de que el fraude al seguro, lejos de ser una picaresca española, es una artimaña extendida en el Viejo Continente, donde estos casos ascienden al 10 %, según estimaciones de Insurance Europe.

Al margen de las penas más severas, los expertos advierten de que aunque la ley no contempla cárcel con fraudes por debajo de los 400 euros, ello no exime de importantes consecuencias, tanto económicas como reputacionales.

Y es que de probarse el fraude, además de multas de entre uno a tres meses, el castigado pasa automáticamente a la base de datos que las aseguradoras comparten, con la consiguiente dificultad para poder suscribir una nueva póliza.

Con todo, destacan que, pese a la tendencia alcista en el último lustro, el número de clientes tentados a obtener una indemnización ilícita siguen siendo muy reducidos, frente a la buena fe de una gran mayoría que reporta accidentes en la vida cotidiana. EFECOM

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