A través del mecanismo establecido por el Gobierno mediante el Real Decreto de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo indebidas, que se aprobó hace ahora un año, los bancos han recibido 1,07 millones de solicitudes, de las que han estimado 469.233, el 43,72%.
Del total, fueron desestimadas 210.433 solicitudes (el 19,61%), inadmitidas 352.168 (38,81%) y aún se encuentran pendientes de analizar 32.259 solicitudes, el 3%, de acuerdo con los últimos datos disponibles, correspondientes al cierre de octubre.
En respuesta a estas solicitudes estimadas, los bancos han devuelto a 367.316 clientes 1.567,86 millones de euros en efectivo, al tiempo que han alcanzado con 36.334 consumidores acuerdos que implican medidas compensatorias diferentes al pago en efectivo, valoradas en 198,43 millones de euros.
En el caso de la mayoría de las solicitudes estimadas, concretamente en el 88,73%, la entidad y el cliente llegaron a un acuerdo para el reembolso del importe cobrado de más en concepto de cláusulas suelo, ya sea a través de efectivo o de medidas compensatorias.
El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad considera que los resultados del mecanismo son "satisfactorios" y estima que se está cumpliendo con el objetivo de reducir la litigiosidad, según explicó cuando se hicieron públicos estos últimos datos.
El mecanismo extrajudicial fue aprobado en enero, si bien no fue hasta mayo cuando el Gobierno dio su visto bueno a la creación de la comisión de seguimiento encargada de evaluar el grado de cumplimiento del mismo por parte de los bancos.
Una vez creada, además, la primera reunión se celebró dos meses después, en julio del pasado año, y desde entonces sus miembros solamente han llevado a cabo otro encuentro, en noviembre. Aún no hay fecha para el siguiente.
VÍA JUDICIAL
Para los casos que finalmente acaban en la vía judicial, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado mes de mayo la especialización de 54 juzgados en litigios por cláusulas suelo.
Desde la puesta en marcha de esta medida, el 1 de junio del pasado año, han surgido críticas desde distintos ámbitos por el colapso de estos tribunales, que se encontraban distribuidos a razón de uno por provincia. El plan estaba en vigor hasta el 31 de diciembre de 2017, con previsión de prórroga en caso de necesidad.
A finales de año, el CGPJ diseñó un nuevo plan de especialización de estos juzgados por el que el número de jueces dedicados a ello se incrementó en casi medio centenar y se mantuvieron los juzgados especializados.