Así lo indica la investigadora del IEB Mariona Mas, que detalla que el límite aplicable sobre la renta y el patrimonio, que persigue evitar que el tributo sea confiscatorio, junto con la exención de las participaciones en empresas familiares --que pretende favorecer la inversión empresarial-- provocan que, con una planificación correcta, se pueda reducir casi en su totalidad la liquidación del impuesto.
A su juicio, si se aplicara el actual esquema de liquidación sobre una base liquidable que incluyera las actuales exenciones por participaciones en empresas familiares, la recaudación derivada supondría un incremento aproximado del 87% del cobre por el impuesto de patrimonio.
Mas aboga por un cambio de normativa si el objetivo es lograr un impuesto realmente redistributivo, ya que la normativa actual provoca ineficiencias e incrementa los costes para la administración al gestionarlo.
Asimismo, alerta del nivel "mínimo" de inspección al que está sometido este impuesto, ya que entre 2011 y 2014, el total de actas de inspección en Catalunya no alcanzaron ni un 0,3% de las declaraciones del impuesto sobre patrimonio presentadas.
Por su parte, el también investigador del IEB José María Durán coincide en señalar el impuesto sobre patrimonio como un tributo "lleno de deficiencias" en su normativa y sus resultados, ya que aporta solo un 0,3% sobre el total de ingresos tributarios en España.
El investigador considera que tanto los inevitables tratamientos especiales como las dificultades de valoración de los bienes son inherentes al impuesto, por lo que se muestra "escéptico" ante su capacidad de funcionar como elemento redistributivo y capaz de reducir la desigualdad.