La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el próximo 2 de marzo el juicio por esta causa.

En su escrito de acusación, el represente del Ministerio Público pide las mismas penas para otros antiguos gestores del club, su hijo Álvaro Ruiz-Mateos Rivero (apoderado), Jesús Fraile Delgado (gerente) y Joaquín Yvancos Muñiz (secretario), así como para otro hijo de la expresidenta, Francisco Javier Ruiz-Mateos, y para Zoilo Pazos Jiménez y Manuel Sánchez Marín, informa la Fiscalía.

Para la Fiscalía fue el empresario jerezano fallecido José María Ruiz-Mateos quien, con su hijo Francisco Javier, asesorados por los letrados Yvancos y Sánchez, articuló los mecanismos necesarios "para procurar un ahorro fiscal ilícito en un encubierto ejercicio de actividad económica".

Añade que para ello constituyeron varias sociedades limitadas en las que siendo sus verdaderos titulares, como ocurrió en el caso del Rayo Vallecano, no aparecían formalmente en las mismas, sino que designaban como administradores a personas de su confianza.

Estos, a su vez, "conociendo la finalidad de su nombramiento" seguían las instrucciones de las personas que les habían nombrado y llevaron a cabo distintas operaciones para el Rayo Vallecano eludiendo "consciente y voluntariamente" el pago correspondiente a la realización de dichas operaciones, agrega.

La Fiscalía explica que Zoilo Pazos, sobrino de José María Ruiz-Mateos, tras ser nombrado administrador de una mercantil de la que era propietario del 95 por ciento, el Rayo Vallecano eludió el pago a Hacienda entre los años 2009 a 2011.

Abunda en que la mercantil Rayo Vallecano SAD presentó en plazo las declaraciones trimestrales correspondientes al IVA en 2009 y 2010 aunque no las preceptivas declaraciones Resumen Anual "con ánimo de procurar un ahorro fiscal ilícito".

En total, por este concepto el erario público dejó de ingresar durante esos dos años algo más de un millón de euros, destaca el Ministerio Público.

La entidad Rayo Vallecano, también "con ánimo de procurarse un ahorro fiscal ilícito", bien no ingresó o bien no declaró la totalidad de las cantidades que en concepto de IRPF retuvo a las personas que trabajaban para la entidad.

La cantidad defraudada ascendió por este concepto entre los años 2009 y 2011 a 9.768.854 euros.

La suma de dinero defraudado por los conceptos de IVA e IRPF es la misma con que deberán ingresar a Hacienda en concepto de responsabilidad civil conjunta y solidariamente, esto es, 10.801.261 euros, siempre según la petición de la Fiscalía.