La opacidad de las comisiones de gestión venía permitiendo hasta ahora que fuera el inversor el que, sin saberlo, terminase pagando a su asesor por haberle colocado un fondo. Esta es la retrocesión, incluida implícitamente en los costes que cargan las gestoras, que son las que después se encargan de ingresar el importe correspondiente en la cuenta del asesor de turno que ha colocado sus productos y no otros.

El importe de este pago de ida y vuelta llega a suponer a veces hasta dos terceras partes del montante total de la comisión, según cálculos del analista Martín Huete, cofundador de Finizens.

Y, así, año tras año, pues el incentivo que reciben los asesores financieros por colocar un fondo u otro no se limita al momento de su contratación, sino que lo perciben anualmente como una suerte de comisión de permanencia. Y siempre con cargo al propio cliente, al que de momento no se necesitaba informar de este detalle. Una vez que entre en vigor MiFID II, habrá que detallar a los partícipes cada uno de los conceptos que se incluyen en este cargo de gestión, incluida la retrocesión, que ahora tendrá que ser explícita para poder seguir vigente.

Aunque se trata de una práctica extendida por toda Europa, el protagonismo de esta práctica en España es mayor por el peso que los grandes bancos nacionales tienen en el mercado de fondos, tanto en distribución como en creación de producto. En distribución, porque la amplia red comercial de las entidades españolas supone una fuerte barrera de acceso para la gestora que no esté dispuesta a asumir compromisos de retrocesión en línea con los ya pactados. En desarrollo de productos, porque en igualdad de condiciones estas redes darán preferencia a fondos de su propia marca, como reflejan las cuentas de partícipes

LOS SUPERMERCADOS DE FONDOS: PINCHAZO DE BME

El mapa de distribución de la opaca comisión de gestión se complica cuando la contratación del fondo se da a través de una plataforma de negociación. Aquí, las gestoras se comprometen a pagar a los conocidos como `supermercados de fondos¿ por el listado de sus productos, mientras que es la plataforma la que premia a los comercializadores por haber elegido un fondo de su catálogo. Esto es lo que ha provocado que en ocasiones se registren clases con comisiones de gestión más elevadas, de manera que el cargo al cliente sea suficiente para alimentar toda la cadena de retrocesiones.

Así, llega a darse la situación de que la gestora termina quedándose con apenas un 10% de la partida que se cobra a los partícipes, según señala Antonio Banda, consejero delegado y fundador de la EAFI Feelcapital. El experto comenzó su andadura en la gestora del Santander cuando los primeros fondos de inversión comenzaban a desembarcar en el mercado español. Fue entonces cuando surgió una de las principales singularidades de nuestro país: el nacimiento de las denominadas Clases E.

Los bancos españoles vieron con recelo el desembarco de las gestoras internacionales en un mercado incipiente que controlaban en todos sus términos. Entonces, decidieron implantar una suerte de peaje para permitir la entrada de los fondos extranjeros en su catálogo: retrocesiones más altas gracias a comisiones más altas por el mismo servicio que otras clases registradas para el mercado español y más baratas para sus inversores. Estas clases ya no pueden ser recomendadas como primera opción para los nuevos contratantes de un fondo y su truco quedará en evidencia con la transparencia de comisiones que traerá MiFID II, pero la norma no obliga a las entidades a traspasar capitales a las clases más adecuadas para antiguos clientes. Los más despistados pueden seguir nutriendo con holgura la caja fuerte de sus asesores con esta categoría de fondos.

DE LAS CLASES E A LAS CLASES LIMPIAS

Esta comisión de gestión se aplica al valor liquidativo de un fondo mediante descuento diario y automático. De esta manera, se aplica en detrimento tanto del rendimiento del fondo como del importe a aportar para la entrada en un fondo o del que se recibe al retirarse y, en algunos casos, también antes de proceder a un traspaso entre distintos vehículos de inversión, sean o no creación de la misma firma gestora.

A las puertas, relativamente lejanas todavía, de que los comercializadores y gestores de fondos tengan que detallar qué parte de la comisión de gestión se dedica realmente a este fin y qué tanto va separadamente para el pago de análisis y las retrocesiones, van tomando fuerza las llamadas `clases limpias¿. Estos fondos no conllevan retrocesión alguna, están exentos de comisión de distribución y de ahí su nombre.

Por el momento, las gestoras que más han recurrido a la creación de esta categoría de fondo son las internacionales y las independientes. Ambas se han beneficiado del nuevo escaparate que les ofrece Internet, con lo que soportan una menor dependencia de las redes de distribución de la banca tradicional. Las firmas extranjeras buscan retener a los antiguos inversores de sus clases E aplicando los criterios que ya usaban en la mayoría de países europeos, mientras que las pequeñas buscan ganar atractivo frente a las grandes entidades nacionales y el creciente negocio de los índices indexados con mínimas comisiones de gestión.

Sin embargo, el peso de la banca sigue siendo dominante en el mercado español y son muchas las voces que a él atribuyen el hecho de que ocho meses después de su lanzamiento aún no haya echado a andar el `supermercado¿ BME Fondos, gran proyecto de la sociedad rectora de las Bolsas españolas pospuesto por más de una década que el pasado mes de julio vio por fin la luz. Desde entonces, ni un solo fondo se ha listado en sus estantes. La decena de gestoras que anunció entonces su respaldo a la iniciativa aducen a razones técnicas para establecimiento de las clases limpias que se les solicitaban y a la cautela propia de tiempos en los que la transposición de MiFID II a la normativa española sigue en trámite parlamentario.

EL CUARTO SUPUESTO: ESPAÑA VS. ALEMANIA

En este sentido, el texto que ahora manejan sus señorías ha dado la espalda a una de las exigencias de la banca nacional: el cobro de retrocesiones hasta en cuatro supuestos. Dado que la norma no decreta su fin, sino su destape y acotamiento, cada país ha procedido a incluir los motivos por los que considera que ha de mantenerse una práctica que ahora ha de revelarse al cliente. En España, finalmente han sido tres los supuestos que permitirán aguantar el negocio de las retrocesiones en aquellas firmas que se declaren no independientes, a los independientes se les veta. Alemania, país mucho más desarrollado en cuanto a cultura financiera, ha dado el visto bueno al cuarto que aquí se ha desechado.

El primer supuesto pasa por abrir parte del catálogo a productos de terceros en una cantidad y proporción considerable. Los dos restantes son aquellos a los que apelarán hasta un 70% de las comercializadoras españolas: servicio de asesoría más especializado, prescripción de recomendaciones personalizadas basadas en test de idoneidad recurrentes y la obligación de que la contratación de productos tenga lugar en oficinas físicas y no a través de canales digitales, entre otras. El último, del que sí se seguirán beneficiando las entidades germanas, es garantizar asesoramiento en el mundo rural gracias a la amplia capilaridad de las sucursales bancarias frente a la imposible presencia de las pequeñas gestoras y la escasa penetración de Internet.

Los dos países europeos que incluso antes de la llegada de MiFID II habían cortado por lo sano con esta práctica son Reino Unido y Holanda. En ambos casos, los expertos coinciden en señalar que el escenario es muy diferente, pues a diferencia de lo que ocurre a este lado de los Pirineos, allí dominan los pequeños despachos de asesoría independiente y el universo de gestoras `boutique¿ es mucho mayor y cuenta con una tradición y clientela más arraigada.

Mientras tanto, los ingresos por retrocesiones de las firmas de asesoría financiera en España sumaron 11,8 millones de euros en 2017, un 7,84% más que un año antes. Y esto, a pesar de la irrupción de las clases limpias y el creciente trasvase de capitales hacia fondos cotizados (ETF) de carácter indexado en su gran mayoría. La partida equivale a un 18,5% de todas las comisiones percibidas por la industria de asesoría.