A falta de un motivo, tres. Todos los factores que podrían causar un encarecimiento de las hipotecas en España se están acumulando. Las novedades que se avecinan, relativas al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), a la nueva ley hipotecaria y a la retirada de los estímulos por parte del Banco Central Europeo (BCE), caminan en la misma dirección: elevar los costes de `fabricación¿ para la banca y, por tanto, presionar para que el precio de los préstamos hipotecarios sea mayor en 2019.

El primero en sentirse, y el último en llegar para meter más presión a una tendencia que ya estaba en marcha, será el de los impuestos. Tras la extraordinaria polémica de las últimas semanas, rematada en las últimas 48 horas con una sorprendente resolución del Pleno de la Sala III del Tribunal Supremo a favor de que los clientes siguieran pagando el IAJD que fue `enmendada en caliente¿ este miércoles por el Gobierno, será la banca la que acabará abonando finalmente este tributo. Así lo recogerá el Ejecutivo en un Real Decreto-ley que aprobará este jueves el Consejo de Ministros, tal como avanzó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Los españoles nunca más pagarán el impuesto, lo hará la banca", proclamó Sánchez.

En concreto, el Gobierno se centrará en el artículo 29 de la Ley que rige este impuesto, origen de todas las interpretaciones por una redacción considerada como poco clara que establece lo siguiente: "Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan". Este artículo fue desarrollado a su vez por el artículo 68.2 del Reglamento de esa norma, que decía que "en las escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario". En la sentencia de la Sección Segunda de la Sala III del Supremo del 16 de octubre que modificaba la doctrina para imponer que el IAJD debían pagarlos los bancos, y no los clientes, se suprimía esta referencia al considerar que poseía ¿un indudable valor interpretativo¿. Tras eliminar el Supremo el 68.2 del Reglamento, ahora es el artículo 29 de la Ley el que será borrado. 

Tras estos cambios, la banca cargará con el pago del IAJD. Según los cálculos de la agencia de calificación Moody¿s, este cambio le costará al sector 640 millones de euros. En cambio, los técnicos de Hacienda (Gestha) elevan la factura a 1.100 millones de euros, a razón de unos 2.500 euros por las casi 500.000 hipotecas anuales previstas. Este sobrecoste es el que se teme que el sector acabe repercutiendo en los clientes, un riesgo ante el que Pedro Sánchez apeló este miércoles a la ¿responsabilidad¿ de la banca para que no lo haga. 

EN LA RECTA FINAL

A estos costes adicionales se sumarán otros. Los que tendrá que calcular la banca cuando por fin entre en vigor la nueva Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, más conocida como Ley Hipotecaria. España lleva más de dos años de retraso en la transposición de la Directiva Europea de 2014, que debía haber entrado en vigor en 2016, pero a la que la convulsa realidad política española de los últimos años ha ido retrasando. El Gobierno de Mariano Rajoy, de hecho, aprobó la nueva ley española en un Consejo de Ministros de noviembre de 2017, pero desde entonces ha seguido enmarañada en el Congreso, que precisamente estos días está trabajando en las enmiendas finales para su alumbramiento definitivo. 

A falta de los últimos retoques que reciba, la nueva norma, orientada a reforzar la transparencia y la defensa de los intereses de los hipotecados, contiene ingredientes que elevan el riesgo y el coste para el prestamista. Entre otras novedades, limita la venta vinculada de productos, concede más margen al hipotecado antes de que se active el vencimiento anticipado del contrato, reduce las comisiones de cancelación anticipada y facilita las conversiones tanto de hipotecas variables a fijas como de multidivisas a euros. 

Como señalan desde el sector, "todo eso tiene un precio, y no podemos permanecer invariables en nuestros productos cuando los costes  y los riesgos suben". Es decir, la nueva Ley Hipotecaria también contiene efectos secundarios que encarecerán las hipotecas.

Y como no hay dos sin tres, el BCE será un tercer motivo que presionará al alza sobre las condiciones que ofertarán las entidades en los próximos meses. No es que la entidad presidida por Mario Draghi se vaya a volver loca subiendo los tipos de interés, pero ya tiene esa decisión en su radar. Por ahora, empezará a reducir sus estímulos mediante la finalización de las compras netas de deuda en el mercado en diciembre, y el turno de elevar los tipos no llegará "al menos hasta durante el verano de 2019".

Sin embargo, estos planes ya se están trasladando lentamente al euríbor a 12 meses, que sigue claramente bajo el 0%, pero que lleva siete meses subiendo, con lo que ha iniciado una tendencia que se prolongará en 2019. Y conforme los bancos noten la subida de los costes de financiación en los mercados mayoristas, también los trasladarán a los precios de sus productos. Y en el caso de los préstamos, con más ganas aún dado el apetito del sector por ampliar los estrechos márgenes de intereses actuales.

La combinación de estos tres factores conducirá a las entidades a endurecer las condiciones de las hipotecas para que sean rentables. Las comisiones asociadas a ellas, dentro del marco que ampare la nueva ley hipotecaria, y los tipos de interés ofertados en las hipotecas variables y en las fijas serán los resortes que usarán los bancos y que encarecerán las hipotecas.

- El fracaso de la `tercera vía¿ inclina la balanza del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas a favor de la banca