BBVA intenta poner su grano de arena en el ‘drama’ del sistema de pensiones. La entidad acaba de lanzar una herramienta que ayudará a sus usuarios a calcular la pensión pública que les quedará en el momento de la jubilación. Según explican desde la entidad, gracias al ‘big data’, esta funcionalidad calcula en primer lugar, la pensión pública estimada que un cliente cobraría a día de hoy a partir del salario bruto anual, nómina mensual, edad y tiempo cotizado, tomando como inicio de la vida laboral la edad de 25 años. 

Con este dato y teniendo también en cuenta la capacidad de ahorro actual en función de los ingresos y los gastos, BBVA Future Planner plantea tres posibles objetivos de futuro: mantener el nivel de vida actual, viajar, o disfrutar de la familia. Una vez elegido el objetivo por parte del cliente, BBVA Future Planner propone una cantidad de ahorro que estima necesaria para ayudar a hacer realidad nuestros planes de futuro.

El banco presidido por Carlos Torres realiza este movimiento en un momento en el que el debate de la sostenibilidad de las pensiones públicas ha vuelto a verse sacudido por la ruptura total del Pacto de Toledo. Desde algunas asociaciones critican que es muy difícil que una entidad privada logre simular de forma precisa la estimación, pues es la Seguridad Social quien cuenta con todo el historial de las bases de cotización de los ciudadanos. 

La idea será aproximada. El problema es que el simulador de la Seguridad Social también presenta notables deficiencias, tal y como han ‘denunciado’ en repetidas ocasiones instituciones como Inverco. Desde la patronal de las gestoras de fondos y planes de pensiones critican duramente la dificultad de acceso a la herramienta, además de unos resultados que no incluyen la previsión de la inflación frente al aumento que sí reflejan en la base de cotización. “Te crees que vas a tener mucho más de lo que será en realidad, y eso puede llevar a decisiones erróneas de inversión”, explicaba Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, en un reciente encuentro con medios. 

Desde numerosos sectores se ha criticado, también, la falta de interés de los Gobiernos en enviar a los ciudadanos la ‘famosa’ carta en la que se debería de informar de la pensión estimada. No se trata de una petición. En 2011, hace siete años, el Parlamento aprobaba la ley de reforma de la Seguridad Social, que incorporaba la obligación de remitir este documento a los trabajadores. Esta parte de la norma no se ha derogado y sigue en vigor, pero no ha sido aplicada por ninguno de los Gobiernos.