Existe un sector de la sociedad que debe estar atento a la situación de su pensión. Se trata de las personas que perciben una pensión no contributiva, las conocidas como PNC. Y todo porque la Seguridad Social siempre se ha mostrado muy estricta con los requisitos necesarios para recibir más dinero en cada mensualidad.
Desde la Tesorería General de la Seguridad Social se han fijado unos parámetros para determinar la cuantía final de estos subsidios en función del resto de ingresos que percibe la persona. Si estos son muy elevados pueden provocar que la pensión se reduzca y es ahí donde entran en juego este tipo de ajustes de la Seguridad Social.
Por ello, si las autoridades deciden reducir nuestra pensión no contributiva hasta el mínimo percibible, esta podría quedar solamente en 129 euros. Una cantidad lógicamente muy baja y que podría suponer un grave disgusto para muchas personas que perciben este tipo de pensiones.
Problemas con la pensión no contributiva
Una cuestión que hay que tener muy en cuenta es que la cuantía de las pensiones no contributivas varía mucho en función de las personas que las perciben. Es una prestación económica dirigida a aquellos que, por no haber cotizado lo suficiente o por no haber cotizado nunca a la Seguridad Social, no tienen derecho a una pensión contributiva.
Es una medida de protección que utiliza el sistema para garantizar un nivel mínimo de ingresos para todas las personas, especialmente mayores y con discapacidad, y que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. Este dinero depende de las rentas del beneficiario y de la unidad de convivencia.
Por ello, la Seguridad Social puede estimar que una persona con derecho a recibir esta pensión solo pueda percibir el mínimo. En ese caso, las malas noticias para los pensionistas son importantes, ya que la paga a recibir sería de 129,48 euros. Sin duda alguna, una cantidad muy inferior a la que cualquier persona podría tener en mente.
Sin embargo, lo normal es que cifra vaya en aumento en función de la reducción del resto de ingresos que puede percibir esta persona. Es decir, si recibe muchos ingresos al margen de esa pensión, la cuantía de la ayuda baja. Y viceversa. Esta puede crecer hasta un importe íntegro de 517,90 euros. Esto es así porque la ayuda está ideada para personas que tengan unos ingresos muy reducidos al mes. Por ello, la cantidad que recibe del Estado se ajusta a las necesidades de cada beneficiario.
¿Cómo se calcula la pensión no contributiva?
Para calcular la pensión no contributiva de una persona tenemos que tener en cuenta los ingresos personales del solicitante o de su unidad económica de convivencia, la cual se conoce como UEC. Aplicamos una fórmula que tiene en cuenta el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), un coeficiente que depende de la edad del pensionista y de si tiene cónyuge o pareja estable, y un porcentaje que se aplica a las rentas del solicitante o de la UEC.
En estos momentos, la cuantía anula íntegra alcanza los 7.259,60 euros anuales, es decir, 517,90 euros al mes en 14 pagas. Esto es así después del incremento que ha registrado en el año 2024 que ha sido de un 6,9%. Esta subida responde a la revalorización general de las pensiones aprobada por el Gobierno.
A pesar de que la cuantía de la ayuda sea de esos 517,90 euros, si los beneficiarios de pensiones no contributivas tienen más ingresos o si los ingresos totales de la unidad económica superan el límite de acumulación de recursos, la pensión se ajusta para no sobrepasar dicho límite. Esos 129,48 euros, o 1.812,65 euros anuales, son el 25% de la cuantía base.
Requisitos para solicitar la pensión no contributiva
- Tener 65 o más años o 60 en caso de invalidez.
- Residir legalmente en España durante al menos 10 años entre los 16 años y la edad de jubilación, y 2 de esos años deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión.
- No tener rentas o ingresos suficientes para establecer los límites establecidos. En 2024 se sitúa en 6.816,48 euros anuales para un pensionista individual y en 13.632,96 euros anuales para una unidad económica de convivencia con cónyuge.