Los funcionarios se levantan en armas ante su polémica situación. El ministro José Luis Escrivá prometió a más de tres millones de funcionarios una subida de su sueldo a finales de junio. Esta debía hacerse efectiva al mes siguiente, pero la situación se complicó y no se pudo hacer efectiva de cara a la nómina de julio.

El tiempo ha seguido pasando y la corrección de las nóminas tampoco ha llegado en agosto. Por ello, la situación ha comenzado a preocupar sobremanera a los principales afectados por esta decisión, los funcionarios. El motivo por el que se ha producido esta demora es que el Gobierno no convalidó en el Congreso hasta mediados de julio el decreto que recoge el incremento del 2%.

Una circunstancia que ha terminado derivando en que no haya habido tiempo para aplicarlo al menos hasta septiembre. Un problema tanto para los afectados como para la administración. No obstante, las buenas noticias son que esta situación parece estar a punto de resolverse y es que los funcionarios esperan poder recibir el incremento salarial prometido este mes. 

Los funcionarios reclaman su incremento

Los funcionarios y trabajadores públicos todavía no han recibido su esperado incremento salarial del 2%. Una situación que les mantiene intranquilos ya que la administración les había prometido que llegaría en julio. Sin embargo, esta medida acumula ya dos meses de retraso puesto que la mayoría de estos empleados no han recibido su 'plus'. 

La falta de los Presupuestos Generales durante los primeros meses del año ha afectado de manera clara a muchos trabajadores, pero principalmente a estos funcionarios. La situación ha generado una gran intranquilidad en el sector, aunque el Gobierno intenta apaciguar las aguas subrayando que el incremento se aplicará con efectos retroactivos. 

Por ello, cuando este pueda ser abonado, se hará con fecha 1 de enero, abonándose así los atrasos. Este retraso ha generado críticas desde diferentes sectores. Los sindicatos señalaron que el Ejecutivo podría haber decretado esta subida a comienzos de año como sucedió con la revalorización de las pensiones. No obstante, el Ministerio de Hacienda descartó aplicar en enero la subida del 2%.

Otra de las buenas noticias para los funcionarios es que esta subida, cuando llegue, podría ser incluso superior a ese 2%, ya que podrá crecer en un 0,5% adicional en función del IPC. El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado 26 de junio a esa subida salarial incluyéndola en el nuevo decreto frente a la crisis de precios provocada por la guerra de Ucrania. Sin embargo, la posterior convalidación por la Cámara no llegó hasta el 23 de julio.

Dadas las fechas, era imposible hacer efectivo el cambio para finales de dicho mes, ya que estos retoques requieren de un mínimo de casi un cuatro semanas para ser reflejados en las nóminas de los trabajadores. Y agosto tampoco era el mes ideal para incluir estos nuevos 'pluses' ya que la convalidación no se produjo antes del pleno previsto para el 11 de julio. Es decir, antes de que se cerraran las nóminas.

La previsión ahora es que los cambios lleguen junto a la nómina de septiembre. No obstante, Hacienda todavía no ha incluido estos aumentos en la previsión de pagos de dicho mes. La Agencia Tributaria estima que el salario medio de un empleado público asciende hasta los 34.000 euros y que los retrasos para el primer semestre del año alcanzarían los 300 euros de media. 

Ahora, el aumento del 2% en los salarios públicos tendrá un coste estimado de unos 4.746 millones de euros. El aumento en los salarios de los empleados públicos entre los años 2022 y 2024 superará el 8%, pudiendo llegar incluso al 9,8%.

La lista de espera de los funcionarios perjudicados se acerca a los 3 millones, incluyendo ahí a alrededor de 500.000 empleados públicos pertenecientes a la Administración General del Estado como funcionarios, personal laboral y eventuales, aquellos que prestan servicio en los ministerios, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los funcionarios de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.