La Agencia Tributaria tiene como uno de sus objetivos luchar contra el fraude, la evasión de impuestos y el blanqueamiento de dinero. De ahí que la norma tributaria diga que hay una cantidad a partir de la cual hay que declarar el movimiento mediante un modelo oficial. Hablamos de 10.000 euros.

Por eso, la AEAT lleva a cabo un mayor control sobre los movimientos de dinero, tanto de usuarios como de empresas, que realizan en los bancos. Y, cuando se habla de usuarios, se incluyen las transacciones entre familiares. Por ejemplo, para la compra de un coche, o para la celebración de una boda.

¿Cuándo saltan las alarmas en Hacienda? Cuando la cantidad supera los 6.000 euros. Así queda recogido en la Ley 10/2010, del 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

¿Qué movimientos se tienen bajo la lupa?

Más allá de esos 6.000 euros, otro dato que tiene que tener el contribuyente es que todas las entidades financieras tienen la obligación de informar a Hacienda de determinados movimientos de los clientes. Es así cuando las operaciones superan los 3.000 euros (tanto depósitos como retiros), o se realizan con billetes de 500 euros, por poner algunos ejemplos.

También se repite la situación en lo referente al cobro de documentos como cheques, letras de cambio o pagarés. Además, deben identificar a todas las personas involucradas en transacciones que superan los 1.000 euros.

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Movimientos bajo sospecha que acaban registrándose en una base de datos que servirá para detectar conductas irregulares que sean el germen de posibles infracciones.

Hechas estas aclaraciones, conviene recordar también que las transferencias entre familiares están sujetas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Por tanto, habrá que pagar el porcentaje que corresponda según el dinero donado. Porcentaje que es diferente en cada comunidad autónoma.

Una persona recibiendo dinero. iStock

Eso sí, si dicha transferencia no supera los 6.000 euros, no ocurrirá nada. Pero, en el caso contrario, acabará llegando a Hacienda que revisará el movimiento. En el caso de no declarar los medios de pago, la persona podría ser investigada y obligada a pagar una multa. Por tanto, y para evitar la sanción, conviene llevar a cabo el pago del ISD.

Según explica la Agencia Tributaria en su página web, “la falta de declaración de los medios de pago es una infracción grave. La sanción mínima es de 600 euros y el importe máximo podrá ascender hasta el 50% del valor de los medios de pago empleados y amonestación pública o privada”. SI llega la multa, el usuario tiene un mes para reclamar y presentar el recurso correspondiente.