¿Parón electoral? Las CCAA llevan dos años sin crear impuestos propios

A los políticos en general les gusta hablar de impuestos en campaña. En esa contienda están inmersos sobre todo los partidos de derechas con sus pretensiones de bajarlos y con acusaciones de plagio entre ellos. El impuesto que grava las herencias (Sucesiones) y el IRPF se han ido repartiendo el protagonismo, pero en el programa marco del PP para las autonómicas se encuentra también la siguiente promesa: “En las Comunidades Autónomas donde gobierne el PP no se crearán nuevas figuras tributarias”.

Las comunidades pueden crear impuestos propios y lo han hecho, excepto en 2018 y en lo que llevamos del 19. La explicación podría encontrarse en la cita electoral. Pese al freno, en la actualidad estos gobiernos regionales han usado sus competencias y han creado una lista de 79 impuestos. Un número importante pero con resultados recaudatorios insignificantes.

El documento sobre fiscalidad de las autonomías del Reaf se refiere a estas figuras tributarias y advierte que los ingresos que generan suponen solamente el 2,1% de los ingresos tributarios de las CCAA en 2017.

Los únicos límites a la aprobación de impuestos propios son: No pueden establecer tributos sobre hechos ya gravados por las Corporaciones Locales; no pueden gravar negocios, actos o hechos producidos en otra CCAA; no pueden suponer un obstáculo para la libre circulación de personas, mercancías o servicios, y no pueden establecer impuestos que recaigan sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado.

Esta posibilidad les ha dado alas y de ahí que su sustancial crecimiento haya generado situaciones de conflicto que han tenido que resolverse mediante la inconstitucionalidad, supresión o suspensión de los mismos.

BINGO, DEPÓSITOS, AGUA...

Según el documento mencionado, las autonomías han establecido tributos propios sobre:

1. Premios del bingo, en Asturias, Baleares (a tipo cero), y Murcia. Galicia lo ha suprimido, integrando este hecho imponible en la tasa fiscal sobre el juego. Madrid tiene establecido un impuesto sobre el juego, en concreto, el Impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería autorizados.

2.  Depósitos bancarios, en Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña, Extremadura, o Comunidad Valenciana. En todos los casos, o se han declarado inconstitucionales los tributos o se encuentran suspendidos.

3.  Utilización de bolsas de plástico, en Andalucía.

4. Las grandes superficies comerciales, en Aragón, Asturias, o Cataluña. Algunas autonomías ya lo han suspendido como Canarias o La Rioja. En otros casos, se ha planteado cuestión prejudicial sobre estos tributos ante el TJUE que se ha resuelto a favor del establecimiento del tributo, excepto en Cataluña que lo ha modificado en 2017.

5. Tierras infrautilizadas, como Andalucía o Asturias, si bien ninguna de estas dos autonomías obtiene ingresos por estos tributos.

6.  Aprovechamientos cinegéticos, como Extremadura.

7. Estancias turísticas y viviendas vacías, creados por Cataluña y Baleares.

8.  Bebidas azucaradas envasadas o activos no productivos, creados ambos por Cataluña.

9.  Imposición medioambiental. Esta última es la que más han desarrollado las autonomías. Así, se han establecido tributos sobre el agua, la emisión de gases a la atmósfera, los vertidos a las aguas litorales, el almacenamiento de residuos, transporte y distribución de energía eléctrica, etc. En este sentido, es importante destacar el establecimiento de tributos sobre el agua con distintas denominaciones. En otras ocasiones, revisten la fórmula jurídica del canon.

El mapa impositivo autonómico de las figuras propias lleva un poco a la misma conclusión que el de los ayuntamientos con el IBI. Hoy por hoy no depende del color político que unas CCAA hayan creado más y otras menos.

De hecho, de los 79 gravámenes actuales, a la cabeza se sitúa Cataluña con 18 y muy por encima del resto. Multiplica por diez a la que se encuentra en segundo lugar, Andalucía. Siete tiene Asturias y seis Aragón y Murcia. Las que menos figuras propias han aprobado han sido Castilla-La Mancha y Castilla y León, ambas con dos respectivamente. Galicia, Extremadura y Canarias tiene cinco, cuatro La Rioja y tres hay en Madrid y Cantabria.