La ‘tasa Tobin’ ha llegado. El Gobierno español ya tiene lista su prometida tasa a las transacciones financieras, un gravamen que amenaza con acabar engordando la factura que los inversores tendrán que abonar a su bróker de turno por operar con acciones españolas. Sin embargo, meses antes de que vea la luz, los asesores fiscales ya tienen la receta para ‘desgravarse’ la tasa si los intermediarios la repercuten finalmente.

El proyecto de ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros deja claro que los obligados a afrontar el pago de esta ‘tasa Tobin’ son los intermediarios financieros. Sin embargo, en la industria se da por descontado que terminará trasladándose al bolsillo de los inversores a través del establecimiento de una nueva comisión o, más bien, mediante el incremento de las actuales tasas de corretaje que aplican los diferentes brókeres. De entre las grandes entidades financieras la que más abiertamente se ha pronunciado en esta línea es Bankinter.

Y aquí llega la clave para compensar este gasto extra que los inversores tendrán que asumir tan pronto como el gravamen entre en vigor. Puesto que se trata de un coste añadido por la ejecución de la compraventa de unas acciones, el importe aplicado en cada caso se puede imputar como mayor coste al precio de adquisición o como menor ingreso al precio obtenido en la desinversión.

Así lo explica el secretario técnico del Reaf del Consejo General de Economistas, Luis del Amo, que señala que cualquier traslado de la ‘tasa Tobin’ al inversor final tendrá la consideración de un gasto más de administración de cartera, que a través de este sistema puede ser “deducible” para la determinación del rendimiento neto conseguido por la inversión.

Los derivados sobre acciones como futuros, opciones y CFD están fuera del ámbito de la 'tasa Tobin' a pesar de un más amplio empleo en apuestas especulativas de inversión

El profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, Benja Anglès, coincide en el análisis al considerar que cualquier repercusión a los inversores de todo o parte del 0,2% de gravamen que ha establecido la nueva tasa podrá deducirse por la vía del precio para el cálculo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Sin embargo, recuerda que por el momento los sujetos pasivos que tendrán que asumir el tributo son los intermediarios financieros que ejecutan las órdenes de compraventa. A estos les corresponderá realizar la liquidación mensual y la presentación de una declaración anual.

En este sentido, cualquier traslado no llegará antes del comienzo del tercer trimestre del año. Esto se debe a que, normalmente, pasan unos cinco meses desde que el Consejo de Ministros aprueba un proyecto de ley hasta que completa su trámite parlamentario y llega su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Además, está previsto que la ‘tasa Tobin’ no sea efectiva hasta tres meses después de aquello.

Este espacio de tiempo entre la publicación de la norma y su entrada en vigor es el que previsiblemente podrían usar los intermediarios financieros para comunicar a sus clientes cualquier eventual traslado de la misma. Ya fuera esta parcial o total y se hiciera de forma explícita o con la subida de alguna de las comisiones ya existentes.

CINCO MESES MÁS TRES

Los expertos en fiscalidad recuerdan que para el cómputo de la ganancia o pérdida patrimonial se aplica el sistema ‘FIFO’ -el primero dentro, el primero fuera-, de manera que en posesión de acciones adquiridas en distintos momentos y con distinto precio se considera que se venden siempre las de mayor antigüedad. Asimismo, las pérdidas sufridas pueden compensar las ganancias patrimoniales conseguidas con otras operaciones, de manera que incluso si estas últimas fueran insuficientes se podrían compensar con rendimientos del capital mobiliario hasta un máximo del 25% de dicho saldo.

Por ahora, y a la espera del texto final y un más que probable pronunciamiento vinculante de Tributos, lo que se sabe es que la ‘tasa Tobin’ gravará al 0,2% las compraventas de acciones de cotizadas españolas de más de 1.000 millones de euros de capitalización ejecutadas por operadores del sector financiero en el mercado regulado, con independencia de su nacionalidad o de si lo hacen por cuenta propia o en nombre de algún cliente particular o institucional.

Bankinter ha sido la entidad que más abiertamente se ha pronunciado sobre el traslado de la tasa a los inversores, aunque en la industria todos lo dan por hecho

De este modo, quedan fuera del perímetro del impuesto los derechos de suscripción y los productos derivados de inversión referenciados a acciones, como los futuros, las opciones y los contratos por diferencia (CFD), si bien todos ellos son más frecuentemente empleados para estrategias especulativas.

Del mismo modo, se quedarán fuera del alcance del fisco español las acciones recibidas en canje por reestructuraciones empresariales o como cesión de carácter temporal, como ocurre en el conocido préstamo de acciones que habitualmente es la antesala a la formulación de apuestas bajistas sobre un valor. Tampoco se verán afectadas las adquisiciones de títulos en su colocación inicial, un procedimiento que a menudo está reservado a inversores institucionales y con cuyo indulto se busca facilitar el salto de nuevas compañías a una bolsa que a lo largo del último año no celebró ni un solo estreno.

LOS INDULTOS QUE TRAE LA NORMA

Junto con las ‘mid’ y ‘smallcaps’ de menos de 1.000 millones de euros de capitalización que se salvarán de este impuesto, también quedarán excluidas las acciones de valores españoles que se negocien fuera del mercado regulado.

Así ocurrirá, por ejemplo, en los valores de Airbus que se contraten a través de intermediarios extranjeros en las bolsas de Fráncfort y París, los de ArcelorMittal negociados en Luxemburgo, los de Coca-Cola European Partners de Ámsterdam y Nueva York y los de Merlin Properties comprados en Lisboa, por citar algunas de las cotizadas en la bolsa española que también tienen sus acciones admitidas a negociación en otras plazas.

Lo mismo ocurrirá, según el texto preliminar, en las operaciones celebradas en cualquiera de las plataformas alternativas de negociación opaca que en los últimos tiempos han venido arrebatando más y más volúmenes al mercado oficial de BME. Sin embargo, la sociedad rectora de las bolsas españolas apenas ha acusado la confirmación de una tasa que el mercado ya había descontado, incluso en términos más gruesos.

Con todas estas premisas, el Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones que, según la nota emitida por el Ministerio de Hacienda, se destinarán a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social. Sin embargo, desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) rebajaron hasta los 420 millones en los tiempos en los que el ahora ministro José Luis Escrivá estaba al frente de la institución.