El fuerte retroceso que acumulan la mayor parte de las cotizadas españolas se convierte en un nuevo obstáculo para que el Gobierno pueda resolver el sudoku en el que se ha convertido su tarea pendiente de cuadrar las cuentas públicas de este año del coronavirus. El descalabro bursátil se traduce en una amplia pérdida del alcance que se le había presupuesto a la ‘tasa Tobin’.

Aunque desde el Gobierno no se ha revisado a la baja el objetivo de que en el primer año de aplicación de la ‘tasa Tobin’ esta reporte 850 millones de euros a las arcas públicas, lo cierto es que en el sector financiero muy pocos dan credibilidad a esta cifra. No solo por las experiencias en la materia con que ya cuentan países vecinos como Italia y Francia, sino porque el actual clima de mercado es muy diferente del que reinaba cuando se diseñaron los detalles de este tributo a la operativa en bolsa.

El Proyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, aún en el montón de tareas pendientes de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, establece que el impuesto solo sea aplicable a cotizadas de origen español con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros. Además, no penaliza el ‘trading’ intradía -compraventas sobre un mismo valor en una misma jornada-, ya que su gravamen se calcula sobre saldos netos de operatividad al cierre de cada sesión.

Un 10% menos de cotizadas

En este sentido, cuando el texto normativo empezó su tramitación en la Cámara Baja a mediados de febrero, casi nada hacía prever que el entonces conocido como ‘virus de Wuhan’ fuera a desencadenar una crisis económica global. Entonces, eran más de 60 las cotizadas que rebasaban el umbral de los 1.000 millones de capitalización en la bolsa española.

Actualmente, solo 56 empresas superan esta cota, lo que implica una reducción del 9,8% en el número de valores susceptibles de ver su negociación gravada por este polémico impuesto. Y el texto de la norma que ahora se está negociando en el Congreso recoge que cuando entre en vigor la norma, los valores de referencia se tomarán un mes antes de que comience a aplicarse, sin retrotraerse al 31 de diciembre del año pasado, como sí ocurriría en lo sucesivo ejercicio tras ejercicio.

No solo eso, sino que además la volatilidad que ha traído a los mercados esta incertidumbre económica ha disparado los volúmenes de negociación en operaciones a cortísimo plazo, mientras que ha llevado a otros muchos inversores a adoptar una actitud de esperar y ver sin introducir cambios en sus carteras. Una combinación poco amable para con los objetivos recaudatorios que el Gobierno ha marcado para su nuevo gravamen.

En este sentido, los operadores intradía esquivarían en buena medida el impacto de la ‘tasa Tobin’ en su cartera, ya que es habitual que incluso terminen el día sin posiciones abiertas, imposibilitando así el cálculo de gravamen alguno. Entre estos se encuentran los operadores a través de robots de negociación logarítmica y de alta frecuencia, a los que, precisamente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha señalado como primeros responsables del incremento bruto de volúmenes de negociación de los últimos meses.

La fragmentación como enemiga

Por si fuera poco, la operativa de estos mismos inversores y la progresiva fragmentación de la negociación hacia centros fuera del oficial regulado hacen que la tarea recaudatoria del Gobierno se complique una vez más. En este sentido, la mayor opacidad de algunas de estas plataformas alternativas complica la recolección de datos, incluso aunque la norma prevé que la compraventa de acciones de las compañías españolas que superen el umbral de valor ya señalado tributen con independencia de su lugar de ejecución.

Tanto es así que también entran en el saco las operaciones cerradas directamente entre particulares, las conocidas en jerga financiera por las siglas inglesas OTC. Y la realidad es que, según datos recopilados por el supervisor del mercado español, en el primer trimestre del año, la negociación de acciones españolas fuera de las plazas oficiales alcanzó un nuevo máximo histórico, con un 47,8% del volumen total.

Otras amenazas en ciernes

Mientras todo esto ocurre, la norma sigue sin ver la luz y varias enmiendas -incluidas las que han propuesto los mismos grupos políticos que conforman el Gobierno bipartito- amenazan con recortar aún más el alcance de la ‘tasa Tobin’. Desde la bancada del PP se ha propuesto, por ejemplo, que las estrategias etiquetadas como de inversión sostenible no tengan que afrontar este tributo. Y lo ‘verde’ se ha convertido en el motor de crecimiento de las gestoras para atraer a nuevos inversores además de una de sus más firmes apuestas de desarrollo de producto en esta epidemia.

La potencial recaudación de la ‘tasa Tobin’, que ya estaba en tela de juicio por lo sucedido en otros mercados en los que se ha implantado, sigue de momento intacta oficialmente mientras los economistas reconocen que cada vez es más complejo calcular cuál será la factura del coronavirus para España, tanto en términos de endeudamiento como de contracción de la economía.

Y aquí aparece un último factor que amenaza con golpear las esperanzas que el Gobierno ha puesto en este impuesto a la compraventa de acciones: el abultado incremento del paro al que apuntan todas las previsiones macro. Un escenario que podría llevar a muchas familias a verse obligadas a retirar sus ahorros invertidos en bolsa. Y los hogares españoles son dueños de cerca de un 20% de las acciones de las cotizadas del país.