¿Qué medidas fiscales se mantienen en la nueva normalidad?

El inicio del estado de alarma generó un panorama de incertidumbre para empresas y hogares españoles debido al parón generalizado provocado por el confinamiento social. El Gobierno puso en marcha medidas laborales y fiscales, vinculadas al estado de alarma, para intentar paliar los efectos de la crisis sanitaria. Una vez ha terminado este periodo, ¿qué medidas de tipo tributario siguen vigentes?

Pues más allá de las moratorias concedidas, no habrán nuevos retrasos fiscales. Las disposiciones aprobadas al inicio de la pandemia han intentado “parar el golpe financiero al tejido empresarial motivado por el cierre económico del país a corto plazo”, señala el asesor fiscal de Giménez-Salinas Abogados, Borja Vallbona. Por eso aprobaron para pymes y autónomos medidas como el aplazamiento de pagos de impuestos mensuales o trimestrales, durante el plazo del 13 de marzo y al 30 de mayo.

Relacionado con esto, se aplazó también el abono de deudas fraccionadas, las cotizaciones de la Seguridad Social durante los meses de abril, mayo y junio, y el pago fraccionado de IRPF. La vigencia de estas medidas obedece a cuestiones puntuales, por lo que no está estrictamente relacionado con la duración del estado de alarma.

Aunque estas medidas buscaban darle un respiro a las empresas en un momento complejo, Vallbona señala que su aplicación solo ha retrasado sus graves dificultades financieras: “El pasado 1 de junio debieron atender hasta tres fraccionamientos en un mismo plazo, después de haber estado casi dos meses sin ingresar dinero por su actividad”.

También se dispuso una moratoria para las hipotecas dirigida a familias vulnerables que cumplían una serie de requisitos, para un máximo de tres meses. Asimismo, se aplicaron medidas para el aplazamiento de unos meses en el pago de alquiler de la vivienda habitual para el mismo segmento de la población. Al tratarse de una medida puntual, no se vincula con el estado de alarma. Es decir, ya no es posible solicitar la moratoria al sistema público y ya solo la ofrecen algunos bancos. 

Con características similares se propuso otra moratoria para los alquileres de negocios. Aunque, como señala el Vallbona, se trata de una “medida residual”, pues lo habitual se ha sido optar por una “rebaja proporcional del alquiler durante unos meses, de mutuo acuerdo entre propietario y arrendatario”. A pesar de lo cual, ya ha terminado el plazo de aplicación de esta moratoria.

Además de las medidas ya mencionadas, se pusieron en marcha una línea de avales del Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de 100.000 millones de euros para facilitar préstamos bancarios. Desde Gobierno no se contemplan por el momento nuevas ampliaciones de esta línea aunque no se descartar nuevas medidas de liquidez o de avales.  Su cese está ligado a la duración de los fondos y no al estado de alarma. Por tanto, es una medida que actualmente sigue vigente.

Una rebaja del IVA para reactivar la economía 

Para facilitar la compra por parte de entidades públicas y centros hospitalarios, se redujo el IVA de productos sanitarios destinados a combatir la Covid-19 al 0%. Se trata, por tanto, de una disposición que no afecta al consumidor final ni a las farmacias y se mantendrá vigente hasta finales del mes de julio, aunque está sujeta a la evolución del virus. 

Sobre la posibilidad de reducir el IVA en otros sectores, Vallbona considera que se trata de una medida que “incentiva a la población a gastar, que es lo que necesita una economía para progresar, y en España está pasando todo lo contrario”. En concreto, el asesor fiscal considera importante la creación de medidas que favorezcan al sector turístico, que se enfrenta a serios problemas para salvar la temporada, y también para restauración y aerolíneas. 

Vallbona estima que se precisan medidas a “nivel estructural”, como la ya mencionada bajada de impuestos y la puesta en marcha de ayudas a la contratación. Con esto se haría posible una recuperación favorable de la economía. De lo contrario, advierte el asesor fiscal, se produciría una “oleada de despidos a final de año, que supondrá un incremento del paro, y una mayor contracción de la demanda del consumo”.