Una pequeña gestora de Bilbao ha presentado una demanda civil contra el Banco Santander, en nombre del fondo que gestiona, para reclamar la cantidad invertida en títulos de deuda del Banco Popular que poseía en junio de 2017 y que fueron amortizados automáticamente. En esa fecha fue cuando el grupo cántabro se hizo con el Popular por un euro ante su inviabilidad.

Esta gestora es Amistra, y el fondo en cuestión es el Amistra Global, que fue fusionado con el Amistra Patrimonial en 2018. La decisión de demandar al Santander por la compra del Popular fue acordada por su consejo de administración en su reunión del pasado 21 de julio.

Dirigida por Íñigo Casla Uriarte, su accionista mayoritario con un 80,5% del capital, gestiona 25 millones de euros en este fondo de inversión, aunque la cantidad que fue afectada por la amortización de títulos del Popular no ha trascendido. Su segunda accionista (con un 9,5%) es Teresa Casla Uriarte, a su vez presidenta y consejera delegada de Fonditel, el brazo de inversión de Telefónica.

Tras los grandes fondos

De esta forma, Amistra sigue la estela de grandes demandantes internacionales de carácter institucional como son los fondos de inversión Pimco, Mediobanca SGR o Anchorage Capital. Pimco fue quien abrió el melón de las demandas civiles por este caso en 2018, en la Audiencia Nacional.

A la causa de Pimco y Anchorage también se unieron firmas de inversión como Algebris, Ronit Capital y Cairn Capital. En conjunto, les costó 850 millones de euros, según las informaciones de la época, de los cuales más de 600 millones se repartían entre las dos primeras gestoras.

Más de 2.000 millones de euros en bonos perdieron todo su valor cuando el Popular fue adquirido por un euro por el Santander en 2017. Amistra sería la primera gestora española en dar este paso.