Los fondos y sicav en España con criterios sostenibles y solidarios (por folleto) en su estrategia de inversión representan un 2,52% sobre el patrimonio total de los fondos en España. “Aunque este patrimonio todavía no es significativo, su incremento ha sido considerable y, en los próximos años, va a seguir aumentando”. 

Lo ha avanzado la vicepresidenta de la CNMV y presidenta del Comité de Coordinación de Sostenibilidad de ESMA, Ana Martínez-Pina, en una jornada organizada por Afi, finReg360 y Allianz Global Investors. Este volumen, en 2017, era tan solo del 0,85% sobre el conjunto.

Según los datos que maneja el supervisor español de los mercados financieros, hay 33 fondos de inversión y una sicav locales que están considerados legalmente bajo el paraguas de los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, en inglés). Por otro lado, existen dos fondos y una sicav solidarios, aunque no ESG. Además, hay otros 18 fondos que reúnen ambas vertientes, los criterios ESG y el carácter solidario.

Estas cifras han sido expuestas en la presentación de la segunda edición de la guía práctica Sostenibilidad y Gestión de Activos, elaborada por las tres entidades anteriores.

En España, a pesar de que solo un 50% de los encuestados está familiarizado con las inversiones sostenibles, casi el 90% (un 88,6%) afirma que desearía invertir en productos con criterios sostenibles, según una encuesta realizada a más de 2.000 inversores y a 200 asesores financieros y gestores bancarios de toda España con motivo de esta guía.

Esto implica que, de hacerse realidad, las entidades tendrán que adaptar mucho su gama de soluciones de inversión en los próximos años para satisfacer las necesidades de los inversores, según Martínez-Pina.

Por comunidades autónomas, Canarias, Baleares y la Comunidad Valenciana son las regiones en las que el grado de conocimiento es mayor. Mientras que Extremadura, Cantabria y Galicia son las que presentan más desconocimiento de los productos de inversión sostenibles.

Los asesores

Desde el punto de vista de los asesores, sin embargo, casi siete de cada diez está satisfecho con la gama de productos sostenibles de su entidad, mientras que el 30% restante considera que esta debería ampliarse. La percepción que tienen los clientes de sus asesores es buena en lo que respecta a esta materia, puesto que apenas un 20% de los inversores considera que los asesores no tienen conocimientos sobre inversión sostenible.

“En Europa, se está pasando de un escenario de aprobación regulatoria sobre inversiones sostenibles a la comprobación de su implementación”, ha recordado la vicepresidenta de la CNMV, para quien, en esta nueva fase, “la labor, formación y conocimientos de los asesores financieros van a ser fundamentales para que se fomenten este tipo de inversiones” entre los ahorradores finales.

“Estamos en un punto de inflexión para la adopción generalizada de los criterios ESG a la hora de invertir”, en un área que está “en pleno desarrollo, donde el grado de heterogeneidad en la nomenclatura utilizada es aún elevado y la comprensión de las estrategias aplicadas resulta, en ocasiones, compleja”, opinan Carlos Magán, socio de Afi, y Marisa Aguilar, directora general para España y Portugal de Allianz GI. De ahí que “el papel de la formación en el asesoramiento financiero es fundamental, desde el punto de vista del asesor, pero también del inversor, quien debe ser capaz de identificar sus objetivos de inversión y su posicionamiento en materia de sostenibilidad”, subrayan estos expertos.

Las inversiones verdes y socialmente responsables ganan cada vez más protagonismo. Prueba de ello es que, durante la pandemia de Covid-19, los bonos verdes han despuntado en Europa, y ya representan un 3% sobre el total de bonos corporativos. En 2018, estas emisiones equivalían a un volumen inferior a los 10.000 millones de euros, si bien ahora representan entre 40.000 y 50.000 millones.

De 2021 a 2023

En los dos próximos años, las entidades deberán implementar una serie de actuaciones para cumplir con las diferentes iniciativas regulatorias de la UE en materia de sostenibilidad. En el primer trimestre de 2021, la política de implicación en las gestoras de fondos y las agencias de valores. En el tercer trimestre de 2021, esta misma política, pero en las aseguradoras. En el cuarto trimestre de 2021, las gestoras deberán hacer una integración de riesgos de sostenibilidad en cuanto a organización, due diligence o inversiones.

Más tarde, en el primer trimestre de 2022, se procederá a la modificación del test de idoneidad MiFID II, para dar cabida a estas cuestiones.

El 1 de enero de 2022, las entidades tendrán que enviar la primera información periódica de producto sostenible, aunque solo sus rasgos genéricos por retraso de la normativa, si bien el 1 de enero de 2023 habrán de mandar la primera información anual sobre implicación y estrategia a largo plazo, como ha explicado Úrsula García, socia de finReg360.